Vivienda
PP, Vox y Junts tumban el intento del Gobierno de elevar el impuesto de plusvalía sobre la vivienda
El decreto ómnibus que ayer fue rechazado en el Congreso de los Diputados contemplaba subidas del tributo municipal de hasta un 40%

El intento de elevar el impuesto de plusvalía sobre la vivienda fue rechazado ayer en el Congreso de los Diputados / G. Bosch

El nuevo intento del Gobierno central de elevar la fiscalidad sobre la vivienda a través de un incremento del impuesto municipal de plusvalía se vio ayer rechazado en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts, que se opusieron al 'decreto ómnibus' en el que aparecía esta medida, junto a otras del calado de la revalorización de las pensiones.
En este real decreto aparecía una revisión de los coeficientes que los Consistorios aplican para calcular el impuesto de plusvalía, que podían conllevar subidas del 30% y del 40% de este tributo, que se abona cuando se produce la venta o donación de un inmueble, o cuando este se recibe en herencia.
Segundo intento
Hay que subrayar que este es el segundo intento que el Ejecutivo estatal realiza para aprobar esta medida. Aunque esa revisión se hace habitualmente a través de los presupuestos generales del Estado, la falta de apoyos para aprobarlos hizo que hace un año ya se optara por la vía del real decreto ley, pero al igual que ha sucedido en esta ocasión, esta medida no fue finalmente convalidada por el Congreso de los Diputados, situación que volvió a darse durante la jornada de ayer.
El impuesto de plusvalía busca que las Haciendas municipales consigan unos ingresos justificados por las revalorizaciones que registran los terrenos de naturaleza urbana, y se aplica cuando el inmueble sobre el que se asientan cambia de manos. Entre los factores que se tienen en cuenta están el valor catastral y los años que el bien se ha tenido en propiedad.
Los que iban a ser más penalizados
Para calcular la cantidad a pagar, el Gobierno central fija unos coeficientes que van del 10% al 35% del valor catastral, y posteriormente cada Ayuntamiento fija otro que oscila entre el 15% y el 30% que determina el importe que finalmente se va a abonar a la Administración local. Con la revisión que el Ejecutivo estatal pretendía aprobar, los más penalizados iban a ser los propietarios que habían tenido el inmueble entre ocho y doce años, frente al beneficio de los que habían superado los 17, aunque este último era muy inferior al aumento que iban a registrar los primeros, según ha venido subrayando Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal.
Aunque en una venta este tributo recae sobre el vendedor, Del Campo advirtió que el aumento del impuesto de plusvalía iba a ser tenido en cuenta a la hora de fijar el precio final de la vivienda, encareciéndola, en un momento en el que esta se encuentra en niveles máximos en Baleares.
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