El Observatori de Migracions de la UIB pide "rigor" en el debate y defiende la regularización: "La mayoría de las personas que se beneficiarán entraron de forma legal por el aeropuerto"

La directora del Observatori de Migracions a la Mediterrània de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Margalida Capellà, ha cuestionado las críticas del Govern balear a la regularización extraordinaria de personas extranjeras anunciada por el Gobierno central y ha pedido "rigor" en el debate público, al considerar que algunas afirmaciones realizadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el director general de Inmigración, Manuel Pavón, "no se ajustan a los datos".

Capellà evita entrar en la confrontación política, pero subraya que es necesario diferenciar entre entrada irregular y situación administrativa irregular, dos conceptos que, a su juicio, se están mezclando "de forma interesada". "No es un delito estar en situación administrativa irregular", recuerda, y añade que "la mayoría" de las personas que se beneficiarán de esta regularización "han entrado de forma legal por los aeropuertos", principalmente procedentes de América Latina.

"La gran mayoría de personas en situación irregular no han llegado en patera. Han entrado legalmente con visado o como turistas y, al no poder renovar su permiso, han quedado en una situación administrativa irregular", explica la directora del Observatori, en referencia a uno de los principales argumentos esgrimidos por el Govern para rechazar la medida.

Rechaza la idea del efecto llamada

Capellà niega que la regularización suponga un "premio" a la entrada irregular o que refuerce a las mafias, como ha sostenido Pavón. "Estas personas no tienen ningún premio. Tienen que regularizar su situación si quieren quedarse en España", afirma, y recuerda que el proceso está vinculado a requisitos concretos, como acreditar residencia previa y carecer de antecedentes penales.

También descarta que la medida genere un efecto llamada. "No puede haber efecto llamada cuando uno de los requisitos es haber entrado en España antes del 31 de diciembre de 2025. Quien llegue después no podrá acogerse", señala. En su opinión, hablar de efecto llamada en este contexto "no tiene sentido", ya que la regularización se dirige a personas que ya llevan años viviendo en España.

Uno de los puntos clave que, según Capellà, explica la necesidad de esta regularización es el cambio introducido recientemente en el reglamento de Extranjería, que ha dejado a "miles de personas" sin posibilidad de regularizarse. En especial, a quienes habían solicitado asilo y, tras la denegación, ya no pueden enlazar ese procedimiento con las vías de arraigo.

"Ha habido personas que llevaban años aquí, trabajando, incluso con negocios abiertos, y que con el nuevo reglamento han tenido que empezar de cero", explica. Esta situación, añade, ha provocado cierres de negocios y pérdida de trabajadores, también en Baleares, una situación que pretendería solucionar la regularización, explica Capellà.

Desde esta perspectiva, Capellà valora la regularización como "una buena noticia desde el punto de vista de los derechos humanos y de la ciudadanía", y recuerda que el último proceso de estas características se produjo en 2005. "Son personas que viven aquí desde hace años y deberían ser consideradas ciudadanos como los demás", afirma.

Pide reforzar las oficinas de Extranjería

Advierte, no obstante, de los retos que puede generar el proceso. Entre ellos, un "posible colapso" de las oficinas de Extranjería si no se refuerzan los recursos humanos, como ya ocurrió en regularizaciones anteriores: "Es imprescindible reforzar el servicio para evitar bloqueos, incluso aunque el procedimiento se haga por internet", sostiene.

Capellà también alerta de las "dificultades para empadronarse" que siguen encontrando muchas personas extranjeras en situación irregular, un requisito clave para acreditar la permanencia en España. "Hemos detectado prácticas que contradicen la normativa", apunta, y reclama mayor implicación de los ayuntamientos para garantizar este derecho administrativo.

En todo caso, insiste en que todavía no se puede hacer una valoración jurídica, ya que el real decreto aún no se ha publicado y deberá pasar por varios trámites, entre ellos audiencia pública e informes preceptivos. "Habrá que ver exactamente qué se exige y cómo se articula", concluye.

El respaldo de la Iglesia

El Obispado de Mallorca, por su parte, se ha remitido a las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que ha defendido la regularización como un "reconocimiento a la dignidad humana" y una oportunidad para el bien común. Argüello ha señalado que permitirá regularizar a personas que ya trabajan, acuden a los servicios públicos y llevan a sus hijos a la escuela, pero se encuentran con un "muro" por falta de legalización. De hecho, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha insistido en anteriores ocasiones en la necesidad de acoger a las personas migrantes de forma "digna", una postura que ya le ha generado fricciones con PP y Vox en el ámbito autonómico.

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