Vera defiende el "procedimiento administrativo" ante la suspensión del director del Son Canals: "Se dará voz a las partes"

La Conselleria de Educación ha activado todos los mecanismos de control interno para depurar responsabilidades en el CEPA Son Canals, garantizando un proceso blindado jurídicamente frente a la gravedad de los indicios hallados. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido, este martes durante la presentación del grupo de trabajo 'Docents 360', la pulcritud con la que su departamento está gestionando la crisis, subrayando que la suspensión cautelar de seis meses impuesta a Bartomeu Cardell es la herramienta necesaria para investigar con rigor sin vulnerar derechos fundamentales.

"Se ha recibido una denuncia, se ha abierto una información reservada y el instructor la ha elaborado. Ahora, durante estos meses, se hará un expediente disciplinario y se dará voz a las partes para que se puedan defender. Es el procedimiento administrativo que pertoca", ha insistido el conseller, poniendo el foco en las garantías legales dentro de la contundencia de la medida.

La suspensión, que entró en vigor el pasado 1 de enero, es el plazo máximo permitido para una sanción provisional. Según ha explicado Vera, la Dirección General de Personal tomó esta decisión ante la estipulación de una serie de "posibles delitos" detectados tanto por la Inspección Educativa como por la Policía Nacional. Mientras se resuelve este expediente por una falta calificada como muy grave, que podría acarrear hasta dos años de suspensión de empleo y sueldo, el jefe de estudios del centro, Antoni Vidal, ha asumido las funciones de dirección para garantizar la estabilidad del curso escolar hasta el mes de junio.

"Relaciones impropias" y coacciones

A pesar del tono garantista empleado por el conseller Vera, el trasfondo de la crisis en el CEPA Son Canals revela una trama que este diario adelantó el pasado septiembre. La medida cautelar responde a una investigación exhaustiva por relaciones impropias y extraacadémicas entre la dirección y alumnos del centro de adultos. La intervención de la Policía Nacional fue decisiva tras la denuncia de una alumna que relató episodios de presunta corrupción y encubrimiento institucional.

La joven denunciante declaró ante la Brigada de Policía Judicial de Palma que los responsables del centro intentaron silenciar sus quejas, llegando a utilizar métodos de coacción. Según su declaración, recibió un pago de 60 euros mediante Bizum por parte de un responsable educativo con el objetivo de que enviara un correo al centro retractándose de sus acusaciones originales.

Doble inspección

El expediente que ahora se instruye, y sobre el cual Vera ha garantizado el derecho a la defensa de Cardell, se apoya en una documentación voluminosa y pormenorizada. Entre las pruebas recabadas se encuentran colecciones de mensajes de WhatsApp de contenido "impublicable", registros de transferencias económicas y evidencias de exámenes con puntuaciones arbitrarias que sugerirían un trato de favor basado en encuentros personales.

Además de la vía disciplinaria por la conducta del director, la Conselleria ha movilizado una segunda inspección paralela para analizar la gestión económica del centro. La policía ha mostrado un especial interés en analizar la situación financiera del Son Canals, lo que ha llevado a efectivos policiales a personarse recientemente en las instalaciones para tomar declaración a testigos y funcionarios afectados.

Polémica por la sustitución de la inspección

El camino administrativo no ha estado exento de sombras. En septiembre, la sustitución de la inspectora original que investigaba a la dirección generó un fuerte malestar entre el profesorado y exdocentes, que llegaron a calificar la decisión como "inexplicable y dudosamente legal". En aquel momento, el propio Cardell celebró el relevo ante su claustro, confiando en que el nuevo inspector facilitaría una colaboración "más constructiva y respetuosa".

Sin embargo, la estrategia de la Conselleria ha terminado confirmando los indicios iniciales. El nuevo inspector no solo ratificó las pesquisas, sino que ha sido el encargado de elevar el expediente a la categoría de falta muy grave. Antoni Vera ha defendido este martes que el procedimiento "que pertoca" es la única vía para depurar responsabilidades de forma definitiva. Mientras Cardell permanece de baja y apartado de sus funciones, la alumna denunciante continúa con su proceso judicial, señalando que existen "otras víctimas" en el centro que podrían sumarse a la causa en las próximas semanas.

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