La izquierda de Baleares celebra la regularización de inmigrantes y niega el "efecto llamada" denunciado por Prohens

El anuncio del Gobierno español de avanzar en un proceso extraordinario de regularización de inmigrantesha provocado una fuerte sacudida en el panorama político de Baleares, con un intenso cruce de posicionamientos entre las distintas fuerzas con representación institucional. Los partidos de izquierda defienden la medida como una cuestión de derechos humanos, justicia social y lucha contra la economía sumergida.

El PSIB-PSOE celebra la iniciativa del Gobierno y acusa al Partido Popular de "incoherencia política". Los socialistas recuerdan que el PP votó hace un año a favor de la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular que contemplaba una regularización similar y que contó con el respaldo de una amplia mayoría del Congreso.

La diputada Pilar Costa niega que exista un efecto llamada, subrayando que la medida tiene una limitación temporal clara, y plantea el debate en términos de derechos: o se garantiza la seguridad jurídica de quienes ya viven y trabajan en el país, o se les condena a seguir siendo víctimas de la explotación laboral y la economía sumergida. El PSIB-PSOE también critica lo que considera un endurecimiento del discurso del PP, condicionado por la presión de Vox.

Apoyo de Més per Mallorca

Desde MÉS per Mallorca, la reacción ha sido claramente favorable. La formación ecosobiranista considera que la regularización es "necesaria, justa e imprescindible" para garantizar los derechos humanos y reforzar la cohesión social. El diputado en el Congreso Vicenç Vidal subraya que "ninguna persona es ilegal" y que la medida normaliza una realidad ya existente, permitiendo que miles de personas "dejen de vivir en la invisibilidad administrativa y la vulnerabilidad".

Vidal subraya que "la irregularidad alimenta la economía sumergida, los abusos laborales y la precariedad", y defiende la regularización como una herramienta para combatir la explotación laboral. También insiste en que la Iniciativa Legislativa Popular fue "un clamor transversal de personas migradas, sindicatos, partidos e Iglesia".

Asimismo, se muestra "extrañado" por el cambio de posición del Partido Popular y critica que los problemas de Baleares "no son las personas migradas que vienen a contribuir mientras trabajan, sino los que vienen a especular y extorsionar nuestro territorio".

Podemos niega una crisis migratoria

En la misma línea, la coordinadora autonómica y regidora en Palma, Lucía Muñoz, afirma que Baleares "no vive una crisis migratoria, sino una crisis de vivienda y de modelo económico" que se deriva, según afirma, de años de políticas orientadas al turismo masivo, las segundas residencias y la especulación inmobiliaria.

Muñoz insisto en que las personas a las que se dirige la regularización "ya están aquí, ya trabajan y ya contribuyen", por lo que rechaza que la medida genere un efecto llamada o una mayor presión sobre los servicios públicos. También critica el uso del término "ilegales" para referirse a personas migrantes, recordando que lo irregular es una situación administrativa, no una persona. Según Podem, mantener a miles de trabajadores en la irregularidad solo beneficia a quienes se lucran de su precariedad.

Rechazo frontal de Coalició Per Mallorca

El cierre del debate político lo ha protagonizado Coalició Per Mallorca, que expresa su rechazo absoluto a la regularización masiva por decreto. La formación considera que se trata de una decisión "improvisada e injusta que agrava la presión" sobre Mallorca y el conjunto de Baleares, un territorio que "ya está al límite".

El portavoz Joan Serra advierte de que la medida ignora la realidad de unas islas con graves problemas de acceso a la vivienda, saturación sanitaria y educativa, y una presión creciente sobre los recursos naturales. A su juicio, la regularización agravará la crisis inmobiliaria y la expulsión de residentes, además de tensionar aún más unos servicios públicos ya desbordados.

Coalició Per Mallorca también alerta de un posible "efecto multiplicador" a través de las reagrupaciones familiares y de un "efecto llamada" que, según la formación, "premia la irregularidad y perjudica especialmente a los trabajadores más vulnerables, aumentando la precariedad laboral".

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