El Govern se opone a la regularización "indiscriminada y masiva" de inmigrantes: "Traslada la idea de que pueden tener premio si entran ilegalmente"

El director general de Inmigración y Cooperación del Govern balear, Manuel Pavón, ha mostrado una oposición frontal a la regularización de más de 500.000 personas extranjeras anunciada por el Gobierno central y ha advertido de que la medida traslada un mensaje peligroso, al sugerir que entrar de forma irregular puede tener recompensa.

Pavón ha calificado la iniciativa de "indiscriminada y masiva" y ha defendido que el Govern ha apostado por una política migratoria "legal, ordenada, controlada y regulada", basada en el análisis individual de cada caso y en la capacidad real de integración de las personas migrantes.

Pavón alerta de que los mensajes lanzados desde el Ejecutivo central han trasladado la idea de que quienes incumplen la ley pueden obtener un premio, algo que ha considerado profundamente injusto para quienes han seguido los cauces legales.

“Trasladan la idea de que pueden tener premio si entran ilegalmente. Es profundamente injusto con quienes han cumplido con la ley y han venido a aportar y a integrarse”, ha subrayado.

“Nos oponemos frontalmente a una regularización indiscriminada y masiva. Defendemos una política migratoria legal, ordenada, controlada y regulada, basada en el análisis de cada caso y en la integración real”, ha afirmado.

El responsable autonómico ha sostenido que la regularización anunciada no ha sido una solución humanitaria, ya que se ha planteado sin garantías ni control. A su juicio, la decisión ha provocado un efecto llamada claro y ha reforzado a las mafias que trafican con la desesperación humana.

“No son una solución humanitaria. Se anuncian sin garantías ni control y provocan un efecto llamada claro, fortaleciendo a las mafias que trafican con la desesperación humana”, ha señalado.

El director general ha criticado que el Gobierno no haya explicado los criterios de la regularización, ni a quién se va a regularizar, ni qué obligaciones se van a exigir, ni cómo se va a garantizar la integración. “No se han dicho los criterios, ni las obligaciones, ni a quién se va a regularizar ni cómo se va a garantizar la integración”, ha reprochado.

Asimismo, ha denunciado la falta de consenso con las comunidades autónomas y ha advertido de que se trata de una decisión unilateral cuyas consecuencias han recaído directamente sobre los territorios y los ayuntamientos.

Situación de Baleares

“No ha habido consenso con las comunidades autónomas. Las consecuencias de esta decisión unilateral las asumimos las comunidades y los ayuntamientos”, ha afirmado. En el caso de Baleares, Pavón ha descrito una situación límite, que ha definido como una crisis humanitaria sin precedentes, con una presión creciente sobre la vivienda, la sanidad y los servicios públicos.

“Baleares vive una crisis humanitaria sin precedentes, con una presión creciente sobre la vivienda, la sanidad y los servicios públicos, en un territorio limitado donde los servicios ya están saturados”, ha indicado.

El director general ha insistido en que dar papeles no garantiza la integración y ha advertido de que, sin políticas complementarias, la regularización ha generado más precariedad y tensión social.

Más precariedad y tensión social

“La integración se construye con empleo estable, conocimiento del idioma, respeto a las costumbres y normas comunes y acceso a una vivienda. Sin eso, la regularización generará más precariedad y tensión social”, ha afirmado.

Pavón ha reclamado planificación y respeto institucional y ha pedido al Gobierno central que asuma sus competencias, refuerce las vías legales y combata a las mafias, en lugar de trasladar el problema a los territorios.

“Pedimos planificación, respeto institucional, reforzar las vías legales, combatir las mafias y dejar de trasladar el problema a los territorios”, ha reclamado. El responsable autonómico ha recordado además la gravedad de la situación en las costas baleares y ha alertado de la falta de información sobre los flujos migratorios reales.

“En los últimos cinco años han llegado unas 20.000 personas en patera. No sabemos quién se ha ido ni quién se ha quedado. No tenemos ningún tipo de información”, ha señalado, añadiendo que por los aeropuertos “no sabemos cuánta gente está en esta situación y estamos convencidos de que no lo sabe nadie”.

Pavón ha expresado también su preocupación por la seguridad y ha rechazado de forma expresa que baste una declaración jurada en ausencia de certificados de antecedentes penales. “Que baste una declaración jurada si no tienen certificado de antecedentes nos preocupa enormemente. Estamos totalmente en contra. No todo vale bajo el amparo de los derechos humanos; también está la libertad y la seguridad de nuestros ciudadanos”, ha afirmado.

Por último, ha advertido del agravio comparativo que, a su juicio, ha generado el anuncio, y ha señalado el mensaje que se envía a quienes cumplen la ley. “Hay personas que llevan años cumpliendo la ley y ven cómo les adelanta alguien que acaba de llegar en patera. El mensaje que se manda a quienes están incumpliendo la ley es muy peligroso”, ha concluido, insistiendo en que para entrar en el país hay que cumplir la ley y en que las políticas improvisadas solo generan inseguridad y crispación social.

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