Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave

La investigación en paralelo a cargo del Govern y de la Policía Nacional ha cuajado en las primeras medidas contra la cúpula del Centro de Educación para Adultos de Son Canals. La Conselleria del ramo ha acordado la suspensión cautelar por seis meses, el plazo máximo de esta sanción provisional, contra el director del CEPA. De este modo, Bartomeu Cardell ha sido relevado en el cargo mientras se resuelve el expediente por una falta muy grave que le atribuye la inspección educativa, tras investigarlo por relaciones impropias y extraacadémicas con el alumnado.

La notificación de la suspensión le fue entregada físicamente a Cardell el pasado 19 de diciembre, en un viernes que cerraba el primer trimestre antes del paréntesis navideño. La decisión cautelar extrema entraba en vigor con el nuevo año, el uno de enero. Según lo establecido, la sustitución temporal corresponde al jefe de estudios del propio equipo del ahora relevado, por lo que Antoni Vidal ejercerá las funciones hasta finales de este curso.

La suspensión del desempeño en la dirección no conlleva una ruptura del vínculo educativo, por lo que Cardell debía continuar ejerciendo la docencia en Son Canals. Sin embargo, el profesor se halla de baja mientras una inspectora distinta del instructor inicial resuelve el expediente disciplinario, a partir de un trabajo previo que fuentes solventes califican de «completo y exhaustivo». La falta muy grave se halla en la cima de las sanciones, y conlleva un castigo de hasta dos años de suspensión de empleo y sueldo. En la jerga jurídica, el Estado se libera de la responsabilidad hacia su trabajador sancionado.

Este diario adelantó el pasado septiembre la abrupta sustitución de la inspectora de Son Canals, en plena investigación de la dirección del centro, así como el inicio de una actuación policial cuando una alumna denunció la situación personal que había vivido en el centro. El trabajo de la Policía se ha sustanciado con la presencia física reciente de sus efectivos en el propio CEPA, además de numerosas tomas de declaraciones a testigos o implicados.

Con motivo de la atropellada sustitución de la inspectora encargada, el director ahora suspendido se había felicitado del recambio acordado por la Conselleria y que presuponía favorable a sus intereses, «estoy satisfecho de poderos transmitir esta noticia». Así exteriorizaba su satisfacción en un extenso comentario al claustro el CEPA, en cuanto tuvo noticia del reemplazo. Cardell celebraba que, con el nuevo inspector, se lograría un trato más «respetuoso y profesional». Afirmaba con contundencia que «estoy convencido de que nos permitirá establecer una colaboración más cercana, constructiva y adaptada a las necesidades del alumnado y de nuestro proyecto educativo».

A la postre, la sustitución que generó incluso un escrito de protesta de exprofesores de Son Canals por «una decisión inexplicable, dudosamente legal e insólita» ha sido contraproducente para el director suspendido, pues ha empeorado la valoración de su gestión. El inspector que acaba de abrir el expediente se encontraba perfectamente al tanto de lo sucedido, en un amplio espectro que oscila de lo económico y lo académico a lo personal. La Conselleria defendió que el relevo no implicaba sabotear el trabajo llevado a cabo, y que «todo sigue su curso» con la nueva situación. La cirugía aplicada hasta la fecha da la razón al departamento del Govern afectado por el problema.

Antoni Vera se ha implicado personalmente en la gestión de la crisis de Son Canals, que tuvo inicialmente un cariz partidista, antes de que se impusiera la contundencia de los datos aportados por la inspección.

En la versión oficial, se deseaba proteger a la anterior inspectora del centro adoptando una medida drástica a la que fue ajeno el Consolat. La intervención policial también fue decisiva para consolidar los indicios. En octubre, una alumna denunciaba ante la Brigada de Policía Judicial de Palma que los responsables «taparon la denuncia, haciendo que no prosperara en Educación». También reconocía que recibió «bajo coacciones» un pago de «60 euros» de un responsable educativo, a cambio de que remitiera un correo al CEPA desdiciéndose de sus acusaciones. En situación vulnerable, admitió que «tenía una situación económica nefasta y los 60 euros eran para poder comer». A cambio, se habría negado a la curiosa propuesta de acudir a un notario para desmentir las acusaciones ya oficializadas.

La voluminosa documentación relativa a la cúpula de Son Canals se complementa con una docena de entrevistas con los alumnos y funcionarios afectados. Las denuncias policiales completan colecciones de WhatsApps de contenido impublicable, una serie de pagos por el sistema Bizum, exámenes de puntuación dudosa y encuentros personales.

A raíz del procedimiento que ha resultado en la suspensión cautelar, se ha abierto en paralelo una segunda inspección que tiene por objetivo el análisis de los movimientos económicos en Son Canals. De nuevo, la Conselleria se ha movilizado aquí en paralelo a la investigación policial, que había mostrado su interés en analizar la situación financiera del Centro de Adultos.

La alumna que dio el paso de denunciar ante la Policía también se refirió a la existencia de «otras víctimas del centro», referenciando los datos necesarios para localizarlas. En la doble vía seguida en Son Canals, la sustanciación del expediente educativo marcha en paralelo a un posible desarrollo judicial de los acontecimientos. La alumna que denunció en sede policial recibe asesoramiento jurídico, y sigue adelante según la información recabada.

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