Las familias de Mallorca, en pie de guerra por el control de los comedores escolares

El modelo de gestión de los comedores escolares en Mallorca se encuentra en una encrucijada que ha puesto en alerta a toda la comunidad educativa. La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA Mallorca) ha alzado la voz para defender un sistema que, en algunos casos, "lleva funcionando con éxito más de cuatro décadas". La controversia surge ante la tramitación de un nuevo decreto de comedores por parte de la Conselleria de Educación y Universidades, un texto legal que, según denuncian las familias, busca eliminar la posibilidad de que las asociaciones de familias (AFA) gestionen directamente este servicio esencial a través de convenios específicos. Sobre estos antecedentes, desde la Conselleria se recuerda que la orden de comedores de 2003 permitía que la gestión se realizara mediante convenios con ayuntamientos o AFA. Sin embargo, actualmente se trabaja en el borrador de un nuevo decreto que debe adaptarse a la normativa vigente.

Según señala la entidad en nota de prensa, en la actualidad, diez centros educativos de la isla mantienen este modelo de gestión directa, atendiendo a un total aproximado de 1.500 alumnos. Desde la FAPA argumentan que estos comedores no son solo espacios donde los niños y niñas se alimentan, sino que se han constituido "como auténticos referentes pedagógicos integrados plenamente en el proyecto educativo de cada centro". La preocupación de las familias radica en que la actual redacción del decreto, aunque ha suavizado sus intenciones iniciales de eliminación directa tras las primeras quejas, sigue siendo considerada insuficiente y ambigua por parte de los afectados. Para la asociación, esta falta de claridad no garantiza la supervivencia de un modelo que "ha demostrado su eficacia y calidad a lo largo del tiempo, basándose en argumentos jurídicos que consideran, cuando menos, cuestionables".

Al respecto, Educación explica que el borrador inicial permitía la contratación por parte de AFA o ayuntamientos, pero los servicios jurídicos indicaron que, según la Ley de Contratos del Sector Público —posterior a 2003—, no se puede realizar un convenio con el mismo objeto que un contrato comercial para evitar demandas de empresas privadas. Así, el "borrador 1" limitaba la gestión a la Conselleria o ayuntamientos, ya que la ley entiende que los consistorios son órganos de contratación y las AFA no.

Un modelo basado en la calidad y la pedagogía

Las asociaciones defienden que el comedor escolar debe ser entendido como un espacio educativo más de la escuela, donde se trabajan valores fundamentales como la salud, la convivencia, la participación y la sostenibilidad. Al ser las propias familias quienes gestionan el servicio a través de las AFA -dicen-se asegura que no exista un ánimo de lucro detrás de la alimentación de los menores. Cualquier excedente económico o recurso disponible "se reinvierte directamente en la mejora de la calidad del servicio y de los productos, priorizando siempre el bienestar de los alumnos por encima del beneficio empresarial". Este enfoque permite que las familias -sostienen- tengan un control directo sobre la contratación, vigilando de cerca tanto la calidad nutricional como el perfil del personal que atiende a los niños, a quienes consideran agentes educativos clave en el desarrollo diario de sus hijos.

Desde la administración educativa recalcan que no tienen interés en eliminar estos convenios y que consideran a las familias "imprescindibles", pero deben cumplir la normativa. Por ello, tras las alegaciones de entidades como Alimentant el Futur y basándose en informes como el de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Cataluña que excluye a las AFA por la ley de contratos, se ha elaborado un "borrador 2". Este nuevo documento -dicen desde la Conselleria de Vera- "propone una redacción muy amplia para estudiar cada caso de manera particular" y dejar la puerta abierta a estos convenios, una opción que, según Educación, las propias AFA ya conocen y no ven con malos ojos.

La integración del comedor en la vida del centro es total en estas diez escuelas. No se trata de un servicio externalizado a una empresa ajena que desembarca en el colegio a la hora del almuerzo, sino de un equipo humano coordinado con el cuerpo docente. Esta estrecha colaboración "permite ajustar estrategias de intervención con los alumnos, trabajar hábitos alimentarios de forma coherente con la línea pedagógica del centro y mantener una comunicación fluida sobre el seguimiento de cada niño o niña". Según explican desde la federación, la implicación de las familias no es un objetivo secundario, sino la materialización de una educación compartida entre la escuela y el hogar que enriquece la autonomía del centro.

El arraigo histórico y el apoyo institucional

El listado de centros afectados muestra una realidad arraigada en la geografía mallorquina, según detalla la FAPA. Casos como el del CEIP Rafal Vell en Palma, cuya gestión por parte de las familias se remonta aproximadamente a 1980, evidencian que este sistema no es un experimento reciente -alegan- sino "una tradición consolidada". Otros centros como el CEIP Es Pont, el CEIP Sa Indioteria o el CEIP Melcior Rosselló i Simonet también acumulan décadas de experiencia -dicen- en esta gestión directa, demostrando que el modelo es sostenible y positivo para la comunidad. La red se extiende por municipios como Llucmajor, Alaró, Campanet, Inca, Sant Joan y la Colònia de Sant Pere, abarcando "desde proyectos con un fuerte carácter social hasta comedores con una apuesta decidida por el producto ecológico y de proximidad".

Pese a la tramitación del nuevo decreto, la Conselleria garantiza que "todos los convenios actuales seguirán en vigor". De hecho, está previsto renovar los convenios necesarios durante este mismo año mientras la nueva normativa termina su recorrido administrativo.

Para reforzar su postura, FAPA Mallorca señala que no solo cuenta con el apoyo de la Xarxa Alimentant el Futur, sino que ha buscado alianzas a nivel nacional a través de la confederación estatal CEAPA. Según apuntan, el argumento de la Conselleria sobre la inviabilidad legal de estos convenios "choca con la realidad de otras comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Aragón, Navarra o Extremadura, donde este modelo de gestión por parte de las asociaciones de familias sigue vigente, activo y protegido legalmente". Las familias mallorquinas no entienden por qué se pone en peligro una práctica que es "referente de éxito" y que, en lugar de ser perseguida, debería ser fomentada como un ejemplo de participación ciudadana y excelencia educativa.

Una lucha por la continuidad del servicio

La incertidumbre generada por la tramitación del nuevo decreto ha unido a las diez escuelas en una defensa común de su derecho a decidir sobre la alimentación de sus hijos. Los representantes de las AFA insisten en que lo que está en juego no es solo una cuestión administrativa, sino la supervivencia de un modelo de cocina cercana y afectuosa, gestionada desde el cariño por el entorno escolar. Así, consideran una paradoja tener que "luchar contra la voluntad política del Govern para mantener unos servicios que funcionan correctamente y que cuentan con la satisfacción plena de los usuarios y profesionales involucrados".

En este contexto, la petición dirigida a la Conselleria de Antoni Vera es clara: que el texto final del decreto garantice de forma explícita y "sin ambigüedades" la posibilidad de que las familias sigan gestionando los comedores escolares. Las asociaciones reclaman, así, que se reconozca el encaje legal de estos convenios y que se respete la autonomía de los centros que han optado por esta vía pedagógica.

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