Justicia ha pagado 418.300 euros por el mantenimiento de las tortugas incautadas en Mallorca

La Administración de Justicia lleva pagados 418.300 euros por el mantenimiento de las más de mil tortugas de 70 especies distintas incautadas a mediados de 2018 en el presunto criadero ilegal de quelonios en una finca de Llucmajor.

El subdirector general del área de gestión económica de la Administración de Justicia confirmó ayer en la cuarta sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia de Palma contra una pareja de alemanes que supuestamente se dedicaba a la cría y la venta de tortugas en la isla, que desde 2018 se han realizado 22 pagos “con un promedio mensual de más de 7.000 euros”. La Administración pública reclama esta cantidad por los gastos. De hecho, el fiscal solicita como responsabilidad civil que los acusados abonen este dinero.

Los más de mil especímenes aprehendidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en junio y julio de 2018 tras los registros practicados en la finca de Llucmajor de la pareja encausada fueron trasladados al centro Natura Parc. Mientras, otro medio centenar de ejemplares intervenidos en agosto de ese año en un domicilio del tercer sospechoso, un intermediario con una tienda de reptiles, en la provincia de Barcelona fueron llevados al Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Catalunya (CRARC). El mantenimiento y la alimentación de estos animales han generado un cuantioso gasto que se aproxima al medio millón de euros en estos últimos años, hasta 2024. Precisamente, la Administración de Justicia ha hecho frente a gran parte de este dispendio hasta ahora.

Tortugas y salamandras

Un representante del CRARC admitió ayer ante el tribunal de la Sección Primera que en el verano de 2018 recibieron en el centro una cincuentena de tortugas y salamandras que habían sido incautadas. Según su versión, hasta 2021 su cuidado y manutención han supuesto un gasto de más de 5.100 euros. El ministerio público reclama que el tercer acusado indemnice a la entidad con esta cantidad en concepto de responsabilidad civil.

“En 2021 había 57 ejemplares, pero la mayoría ha muerto, hoy solo quedan vivos tres. De este grupo solo viven una tortuga y dos salamandras. Lógicamente, ahora el coste de su mantenimiento se ha reducido”, señaló el testigo, que compareció en la vista oral a través de videoconferencia.

“En los primeros dos años murieron estos animales”, recordó el hombre. Tanto los quelonios como las salamandras que fueron depositados en el CRARC eran ejemplares adultos, según indicó. “A partir de los diez o doce años se pueden reproducir. Sin poder concretar, podían tener entre diez y 25 años”, manifestó ante la Sala.

Al ser preguntado por la mortandad de las tortugas, el testigo avanzó que muchas de ellas estaban en mal estado cuando llegaron al centro. “De los 28 ejemplares vivos de la especie Testudo Marginata, 19 estaban con garrapatas, muy delgadas y con signos de inadaptación”, recordó.

El juicio continúa el lunes de la semana que viene en la Audiencia Provincial con nuevas testificales. El fiscal ayer renunció a varios testigos.

El ministerio público solicita para la pareja de alemanes acusada sendas condenas de cinco años y medio de prisión y multas de más de un millón y medio de euros por un delito contra la fauna en su modalidad de posesión y tráfico de especies protegidas, contrabando y blanqueo de capitales. El tercer sospechoso se enfrenta a una petición de pena de dos años de cárcel por otro delito contra la fauna.

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