El PSIB acusa al Consell de dar la "sentencia de muerte" a la limitación de entrada de vehículos en Mallorca
El departamento de Movilidad asegura que no tiene competencias de ejecución directa sobre planes de movilidad ni zonas de bajas emisiones municipales, una postura que los socialistas consideran incompatible con el desarrollo de la futura Ley de Movilidad Sostenible anunciada por la institución insular

Imagen de archivo del monumental atasco en la Vía de Cintura de Palma en dirección Andratx. / Miguel Vicens

El departamento de Movilidad del Consell de Mallorca ha asegurado en respuesta a una pregunta registrada por el Grupo Socialista insular que "no tiene atribuidas competencias de ejecución directa en materia de planes de movilidad sostenible ni de zonas de bajas emisiones de ámbito municipal". Los socialistas cuestionaron a la institución insular sobre qué medidas habían llevado a cabo en relación con la Ley estatal 7/2021 y con el Real Decreto 1052/2022, dos normas que apelan directamente en varios apartados a los territorios insulares para que adopten medidas orientadas a reducir las emisiones, crear nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o, incluso, restringir la circulación de turismos y furgonetas. La respuesta del Consell, denuncian los socialistas, podría suponer una "sentencia de muerte" para la Ley de Movilidad Sostenible anunciada por la institución insular con la que se pretendía limitar y regular la entrada de vehículos en la isla, puesto que de este modo estaría asumiendo que no puede desarrollar una normativa de tal calado.
Los socialistas formularon al departamento de Fernando Rubio una pregunta en la que apelaban directamente a ambas normas: la primera, la Ley estatal de cambio climático y transición energética, aporta, tal y como señala en el apartado 3 del artículo 14, el marco legal oportuno para que Mallorca, en este caso, pueda pedir al Estado la limitación de la entrada de vehículos en la isla. En concreto, indica que "las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad ante el cambio climático, pueden instar al Estado al establecimiento de medidas de promoción de movilidad neta, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas".
La segunda norma que citan los socialistas es el Real Decreto que desarrolla las Zonas de Bajas Emisiones. Según se indica en el mismo, se insta a las instituciones insulares a reforzar la cooperación con los ayuntamientos para la creación de las ZBE y permite, además, acotar las zonas de aplicación, las cuales "deben ser adecuadas y suficientes para el cumplimiento de los objetivos establecidos".
El Consell, al declararse incompetente "para la ejecución directa en materia de planes de movilidad sostenble ni de bajass emisiones de ámbito municipal", asume, según los socialistas, que no desarrollará ninguno de los preceptos recogidos en dos normas que aportan un papel activo a los territorios insulares.
"No tienen previsto hacer nada"
El conseller socialista Joan Ferrer se muestra crítico con la respuesta ofrecida desde el departamento de Movilidad, puesto que demostraría que "no tienen previsto hacer nada" en materia de reducción de emisiones o en aumentar la movilidad sostenible en la isla. Según explica Ferrer, "en este caso, la gestión de gran parte de la movilidad corresponde al Consell, por lo que la respuesta que nos han dado colisiona completamente con lo que dicen hasta ahora con la ley de limitación de vehículos". Cabe recordar que el PSIB decidió activar por su cuenta la tramitación de la futura Ley de Regulación de l’Afluència de Vehicles i Mobilitat Sostenible de Mallorca, registrando en el Parlament y en el Consell el mismo texto que el PP presentó públicamente el pasado 13 de junio
Ferrer recuerda que uno de los objetivos de esta ley, además de reducir el tránsito, "es también la reducción de emisiones", al tiempo que señala que las normas estatales "establecen planes d emovilidad urbana sostenible, pero a los territorios insulares les dice que también tienen que trabajar en ese aspecto".
Con todo, si el Consell "no es competente", lamenta Ferrer, "todo en su conjunto es una declaración de sentencia de muerte para la ley".
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