Un guardia civil, al registrar el criadero ilegal de tortugas en Mallorca: “El acusado estaba muy nervioso, no entendía o no quería entender por qué estábamos allí”

“El primer día del registro en la finca de Llucmajor el 27 de junio de 2018 había muchas tortugas. Algunas se quedaron, no intervenimos todas. Recuerdo algunos huevos que estaban eclosionando. Los especímenes que se intervinieron son los que marcaron los expertos que estaban allí. El acusado estaba muy nervioso, no entendía o no quería entender por qué estábamos allí. Él identificó algunas especies, pero estaban allí los expertos identificando”, ha manifestado hoy un guardia civil que participó en la inspección del supuesto criadero ilegal de tortugas en Mallorca, el mayor de Europa, cuyos responsables están siendo jugados esta semana por la Audiencia de Palma.

“La finca era grande. Había tortugas por todos los sitios: de tierra, de agua, crías, huevos… Tenían varias cubetas de un metro y pico con agua dándole el sol todo el día. Había cinco o seis ejemplares en cada cubeta. Pensé ese agua debe estar muy caliente”, ha recordado el agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil durante la tercera sesión del juicio.

Los principales encausados, una pareja de alemanes, se enfrentan a sendas peticiones de condena por parte del fiscal de cinco años y medio de prisión y multas de más de un millón y medio de euros por un delito contra la fauna en su modalidad de posesión y tráfico de especies protegidas, otro de contrabando y blanqueo de capitales. Según el ministerio público, ambos poseían más de mil tortugas de 70 especies, la mayoría protegidas, en la finca de Llucmajor para su cría, reproducción y posterior venta, sin que ninguno de ellos ostentara la condición de criador para la cría y comercialización de especímenes CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en España.

Un tercer sospechoso, un intermediario español, que tenía una tienda de reptiles en Barcelona y supuestamente participaba en la compraventa de quelonios junto a la pareja de germanos, afronta una solicitud de pena de dos años de cárcel. Los agentes que registraron su domicilio y el establecimiento han remarcado que colaboró en las pesquisas. “Su actitud fue colaborativa en todo momento”, han coincidido esta mañana dos guardias civiles ante el tribunal de la Sección Primera.

En cambio, el principal acusado, de 54 años, se hallaba “a disgusto” cuando inspeccionaron la finca de Llucmajor, según ha recordado otro miembro del Seprona. “Íbamos con un intérprete de alemán y se quejó de la traducción. No fue de su agrado el registro. No se encontraba cómodo. Al principio, él no identificaba los animales. Pero había tal cantidad de ejemplares que al final él confirmaba lo que el técnico decía”, ha explicado el investigador.

Análisis de la documentación

“La documentación se examinó posteriormente. La magnitud de animales que allí había hacía imposible comparar la documentación, eran muchísimos ejemplares. Y no es de comprobación fácil. Uno de los técnicos dijo que algunos animales no estaban en las condiciones que tocaba”, ha añadido el guardia.

Tras ese primer registro, se siguió trabajando en la finca de Llucmajor. “Fue un trabajo laborioso, duró varios días”, ha reconocido el testigo. La Guardia Civil contó con la colaboración de los inspectores del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (COFIB) y de CITES. Incluso, se movilizó un perro especialista en detectar dinero. “No encontramos dinero en efectivo en la parcela”, indicó otro agente del Seprona. Con anterioridad a la intervención en la finca, la Guardia Civil sobrevoló el terreno con el helicóptero y comprobó que había pequeñas piscinas de plástico dispuestas de forma ordenada en fila.

Las pesquisas se iniciaron después de que los agentes del área fiscal del aeropuerto de Palma detectaran en marzo de 2017 un envío de ocho tortugas, que figuraban amparadas en el Convenio CITES. “Contactamos con el destinatario, era una mujer que trabajaba en una clínica veterinaria en la Playa de Palma. Nos dijo que eran de su pareja. Acordamos una cita en el cuartel de Llucmajor. Se personaron ambos, dos ciudadanos alemanes, y trajeron varias crías de tortuga que no se correspondían con las que decía el documento del envío. Cotejamos sus identidades. Él tenía una requisitoria en vigor de un juzgado de Inca y le constaba otra intervención anterior por un tema también de animales. Se procedió a su detención”, ha detallado otro guardia civil.

“Indagamos en redes sobre el acusado y lo describían como un experto en herpetología. Había dado conferencias”, ha agregado el testigo.

Los investigadores también rastrearon quién era el remitente del paquete postal. Se trataba de una tienda de reptiles de Barcelona. “Una patrulla inspeccionó el establecimiento. El responsable nos dijo que esas tortugas no habían estado en sus instalaciones, que las envió por amistad. Podía ser que vinieran de una ciudad de Alemania donde se había celebrado recientemente una feria importante”, ha aventurado el agente.

Otros testigos han declarado que las tortugas intervenidas en la finca de Llucmajor aparentaban estar en buen estado. El juicio prosigue mañana con más testificales.

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