El funcionario de prisiones encarcelado fue homenajeado tras salir absuelto de otro caso de corrupción

El funcionario de la cárcel de Palma que está privado de libertad en estos momentos, acusado de proporcionar teléfonos móviles y objetos de lujo a determinados presos, fue homenajeado tras salir absuelto de otro caso de corrupción. Durante la fiesta de la Merced del año 2018, patrón de Instituciones Penitenciarias, pocos meses después de que hubiera salido sin cargos de un grave delito denunciado por El Ico, dentro de la trama de la corrupción policial de Palma, el funcionario, que ocupaba el cargo de jefe de servicio, recibió un diploma en el que se le reconocía su dedicación al trabajo.

Este trabajador de prisiones, llamado Pedro Talavera, lleva años bajo sospecha y, aún así, recibió un homenaje de la propia institución penitenciaria. Recibió el diploma bajo una fuerte ovación y en presencia de numerosos representantes políticos.

Talavera fue detenido en el mes de febrero del año 2016, en plena investigación de la trama policial, que después derivó en el caso Cursach. Precisamente en esas fechas se encontraba en prisión, acusado de amenazas a El Ico, un sindicalista de la Policía Local de Palma, que coincidió con el joven de Son Banya en una rotonda, próxima a la cárcel, y le indicó que fuera con cuidado con lo que declaraba contra sus compañeros, porque después estas manifestaciones podrían ir en su contra. Esta frase se interpretó como una amenaza contra un testigo de la investigación. Por eso el sindicalista fue enviado a la cárcel y allí coincidió después, aunque en módulos distintos, con El Ico, que ingresó por el impago de una multa.

En el mes de febrero, el abogado del agente acudió varias veces al juzgado, para interesarse por una carta que se iba a enviar desde la cárcel de Palma. El documento, supuestamente, recogía la declaración escrita de El Ico exculpando al agente. Este documento nunca llegó al juzgado. Sin embargo, días después el propio joven de Son Banya, desde la propia cárcel, llamó por teléfono a una inspectora de Policía, para comunicarle que le estaban extorsionarle. Contó que el funcionario de prisiones le había propuesto que firmara el documento que exculpaba al policía local y a cambio iba a recibir droga. Y le indicó que si se negaba a firmarlo, iba a tener problemas dentro de la cárcel. El problema es que El Ico es analfabeto, dato que posiblemente no sabía el funcionario, y por lo tanto era incapaz de redactar y firmar una carta. Este documento en realidad nunca fue enviado. Sin embargo, a raíz de la declaración de El Ico, unido a que el abogado se había interesado por la llegada de una carta al juzgado, los investigadores unieron cabos y procedieron a la detención del funcionario de prisiones que fue identificado por el joven de Son Banya. Talavera nunca declaró, es decir, ni negó, ni afirmó si era cierta la grave acusación que se vertió sobre él.

Meses más tarde se sentó en el banquillo, junto al policía local. Negó cualquier tipo de amenaza contra El Ico. La estrategia de defensa, que tuvo éxito, fue atacar la credibilidad del denunciante, sosteniendo que mientras estuvo en prisión presumía de que tenía el poder de enviar a la cárcel a quien él quisiera. La acusación se quedó sin pruebas. No tenía la carta y en contra de su versión declararon varios funcionarios, que aseguraron que Talavera y El Ico nunca habían coincidido en el mismo espacio en prisión. Lo que no se aclaró es qué tipo de interés tenía el joven de Son Banya en implicar en un delito tan grave a un funcionario, contra el que no tenía ningún tipo de enemistad anterior. En cualquier caso, la sentencia fue absolutoria. Sin embargo, la magistrada no dedicó el más mínimo reproche a la actuación del juez Penalva, ni del fiscal Subirán, al entender que su modo de proceder había sido del todo correcto, por cuanto existían indicios más que suficientes para detener al funcionario de la cárcel y llevarlo a juicio, como así se hizo. Este trabajador estuvo varios meses suspendido, pero una vez que la sentencia fue firme recuperó su trabajo en la cárcel. No tuvo que esperar mucho tiempo para recibir el correspondiente homenaje durante la fiesta de la Merced. Recibió el correspondiente diploma, junto a un grupo de compañeros.

Los dos inspectores de Policía que investigaron la instrucción judicial del caso Cursach también intentaron atribuir irregularidades a Penalva y a Subirán en la detención de este funcionario de prisiones. Uno de los policías se dirigió por escrito al abogado que había defendido a Talavera en el juicio y le propuso que denunciara al juez y al fiscal, aunque no llegó a hacerlo. En el correo que le envió, al que ha tenido acceso este periódico, le indicaba textualmente: “entre los whatsapp intervenidos hay algunos que tratan del Sr. Talavera, si bien no hemos tenido aún oportunidad de examinarlos a fondo. En el caso de que tengan conocimiento de cualquier tipo de irregularidad presuntamente cometida durante la tramitación de la investigación contra el Sr. Talavera sería conveniente formular denuncia, aportando todos los detalles posibles, ante esta instrucción”. El funcionario de la cárcel de Palma no mostró el más mínimo interés en denunciar ni al juez, ni al fiscal, posiblemente porque su abogado tampoco apreció ningún delito en su detención. A pesar del intento de acumular una nueva denuncia, los inspectores nunca llegaron a elaborar ningún informe sobre este caso.

Los hechos posteriores han demostrado que las sospechas que pesaban sobre Talavera eran sólidas, como lo acredita su reciente detención y de nuevo su ingreso en prisión, acusado de recibir dinero a cambio de entregar objetos prohibidos a los presos de la cárcel de Palma.

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