Demandan al Govern por corregir la ley aprobada en el Parlament que eliminó el requisito del catalán de la administración pública con un decreto

Fernando Palmer, abogado y exdirector general del Ayuntamiento de Calvià por Vox, ha interpuesto en los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra el Govern por corregir la ley aprobada por el Parlament que eliminó el requisito del conocimiento del catalán en la administración con un decreto-ley, solicitando además que la causa se tramite como procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales.

El acto impugnado por el demandante es la desestimación por silencio administrativo de la petición que él mismo presentó ante la conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social el pasado 30 de septiembre, de eliminación del requisito lingüístico del conocimiento del catalán en la administración pública de Baleares.

Recuerda el demandante que, en la sesión plenaria del 26 de noviembre de 2024, el Parlament balear aprobó la denominada Ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas, que incluyó, además, varias enmiendas que modificaban la normativa autonómica para permitir el acceso a la función pública sin la exigencia de la acreditación mínima del catalán como requisito.

Subraya el recurso que la ley se aprobó en la Cámara balear por 33 votos a favor y 25 en contra, y que, con posterioridad, el PP, a través de su portavoz Sebastià Sagreras, anunció que el Govern aprobaría un decreto ley para corregir dicha ley, argumentando un error en la votación. Posteriormente, el Consell de Govern aprobó el Decreto-ley 5/2024, corrigiendo o dejando sin efecto material las enmiendas parlamentarias aprobadas y reimplantando la exigencia del requisito del catalán en la función pública, lo que, según el demandante, “incide directamente en los derechos de igualdad y acceso a la función pública recogidos en la Constitución, con cobertura normativa en un instrumento (decreto) constitucionalmente vedado para tal afectación”, alega el demandante.

Posteriormente, se hizo coincidir la publicación en el BOIB de la ley y el decreto ley sin transcribir el resultado de la votación real reflejada en el libro de sesiones, “vulnerando —según el demandante— el principio de transparencia, la publicidad normativa y la seguridad jurídica” exigida por la Constitución.

El recurso judicial se presentó el 14 de enero en Palma, y el 15 de enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo otorgó cinco días a la conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social para que le remita el expediente administrativo de la causa, acompañado de los informes y datos que estime procedentes, recordándole que podrá solicitar la inadmisión del recurso, designando como ponente a la magistrada Nuria Magem Ramos.

Suscríbete para seguir leyendo