Prosocial exige al IMAS el cierre de Son Tous y más control en los centros de acogida de menores migrantes

La asociación Prosocial, dedicada a la defensa de los derechos sociales y la reivindicación de servicios sociales dignos y estables, ha pedido al Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) que presente un plan de actuación global de atención a menores migrantes "que atienda las necesidades del colectivo, con medidas educativas y no punitivas". La entidad se ha pronunciado después de que el IMAS haya hecho pública la llegada de los primeros jóvenes al recurso de Son Tous, antiguo acuartelamiento militar reconvertido en centro de primera acogida que abrió sus puertas hace tan solo dos semanas.

Según el comunicado difundido por la asociación, Son Tous "no puede ser un recurso de aislamiento y marginación" ni tampoco se puede "convertir la acogida de menores en un castigo", dos postulados cercanos a la línea de Vox que, según denuncian, el Partido Popular habría asumido. La situación "preocupa" a Prosocial, más cuando los menores que llegan a las costas de Mallorca "huyen de guerras, persecuciones y situaciones de hambre", recorriendo en muchos de los casos "miles de kilómetros sometidos a diferentes situaciones de peligro y abuso".

Para Prosocial, los menores migrantes son "el grupo más débil" en cuanto a fragilidad emocional, seguridad personal y garantía de derechos, factores que al mismo tiempo les convierten en "un colectivo al que se debe ofrecer la máxima protección, de acuerdo con las convenciones internacionales y la legislación española". La "criminalización" que sufre el colectivo por parte de algunos partidos políticos "añade una mayor vulnerabilidad y estigmatización", recuerdan en el comunicado.

Cerrar Son Tous

La entidad plasma en el texto varias exigencias dirigidas al IMAS. Además de pedir el cierre de Son Tous, llaman a aumentar la inspección y el control permanente de los centros de acogida urgente y a asegurar que las plazas de primera acogida estén "bien dotadas económicamente".

También reclaman que estos centros no estén ubicados "en áreas periféricas alejadas de los menores de la ciudad", ya que esto podría aumentar su exclusión y su desvinculación de los jóvenes de una comunidad de referencia. En este sentido, proponen incrementar las plazas residenciales y las asignadas a jóvenes que deben emanciparse del sistema para asegurar "un circuito coherente y estable", así como también mejorar la oferta formativa de los profesionales que atienden a estos menores y brindarles una atención educativa de calidad.

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