El guardia civil que investigó el criadero ilegal de tortugas en Mallorca: “Podía haber 2.000 ejemplares en la finca”

“En la finca de Llucmajor encontramos una gran cantidad de especímenes. Había peceras y piscinas con tortugas acuáticas; luego, una zona de tierra con tortugas terrestres. En la primera planta de la casa había incubadoras, grandes frigoríficos con la temperatura marcada. Dependiendo de la temperatura, eran machos o hembras. En la planta superior, encontramos terrarios con unas condiciones de humedad determinadas para unas especies en concreto. Empezamos el registro a las nueve de la mañana y acabamos a las tres de la madrugada. Podía haber 2.000 ejemplares en la finca, la mitad no sujetos a protección”. El instructor de la Guardia Civil que investigó el presunto criadero ilegal de tortugas en Mallorca que fue desmantelado a finales de junio de 2018 en Llucmajor ha recordado esta mañana la entrada y registro efectuada en las instalaciones durante la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Palma.

En el banquillo de los acusados se sienta una pareja de alemanes, los supuestos responsables del criadero, quienes se enfrentan a sendas peticiones de condena por parte del fiscal de cinco años y medio de prisión y multas de más de un millón y medio de euros por un delito contra la fauna, otro de contrabando y por blanqueo de capitales.

La Guardia Civil les intervino en junio y julio de 2018 más de mil ejemplares vivos de unas 70 especies diferentes, todas ellas amparadas en el Convenio CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la mayoría con protección y valorados en más de medio millón de euros.

“No figuran como criadores ni tenían los animales registrados. Él no estaba empadronado, no tenía propiedades a su nombre, la Seguridad Social nos dijo que él no tenía actividad conocida. El principal acusado no constaba como criador legal”, ha subrayado el investigador del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ante el tribunal de la Sección Primera.

La fiscalía sostiene que ambos poseían en la finca de Llucmajor multitud de quelonios para su cría, reproducción y posterior venta sin estar autorizados para ello. “A ella le constaban ingresos justificados de la clínica en la que trabajaba como auxiliar veterinaria. Pero su sueldo de unos 11.000 euros al año era claramente insuficiente para todos los gastos que tenía la pareja con el criadero. La factura del agua era de 600 o 1.000 euros, el alquiler de la finca otros 1.000 euros, los gastos de electricidad también eran altos”, ha señalado el instructor.

“Ella participa en la actividad ilícita de su compañero sentimental, con envíos y recepción de ejemplares, habla con clientes, envía dinero, realiza transferencias”, ha asegurado el oficial de la Guardia Civil. Según su versión, el tráfico de especies protegidas “es una delincuencia en auge y reporta grandes beneficios”, con menos riesgo que el narcotráfico.

Ingresos sin justificar

Los agentes detectaron multitud de ingresos en efectivo sin justificación. “Hablamos de 300.000 euros en los últimos cinco años sin justificar, frente a 60.000 euros justificados. Son cantidades muy elevadas de dinero. Las instalaciones no se mantenían con un sueldo de auxiliar de veterinaria de ella”, ha refrendado el secretario de las diligencias, también guardia civil del Seprona.

“Con la contabilidad casera que ellos llevaban, con anotaciones, folios con nombres de personas, sumatorios con listados de especímenes, cantidad, precio… los beneficios que obtenían superaban los 500.000 euros”, ha añadido el investigador.

Gracias a la intervención de sus teléfonos, el Seprona detectó conversaciones en las que la encausada reconocía “mi novio es cridador”, al tiempo que enviaba una lista con los precios y los ejemplares e incluso remitía fotografías de las tortugas a los potenciales compradores. “Ella decía ‘él ha hecho de su hobby su profesión, su forma de vida’”, ha destacado el guardia.

Además de la pareja sospechosa, un tercer acusado, que presuntamente actuaba de intermediario en la compraventa de tortugas con su tienda de reptiles en Barcelona, afronta una petición de pena de dos años de cárcel. Los agentes se incautaron en su casa y en su local de 58 ejemplares.

Suscríbete para seguir leyendo