Denuncian a la cúpula del Pinaret por injurias contra dos educadores

Dos educadores del centro de menores del Pinaret se han querellado contra la cúpula del centro, entre los que se encuentran el anterior y actual director, por los delitos de injurias y calumnias. Un delito que se habría cometido durante el proceso administrativo para expedientar y despedir a los dos trabajadores, que fueron acusados, sin pruebas, de que habían estado una noche de diversión junto a un menor del centro, que afirmó que los dos educadores (que no eran amigos entre ellos) le habían invitado a consumir droga y a mantener relaciones sexuales con una prostituta. La dirección de la fundación que gestiona el centro de reclusión consideró suficiente la declaración que este interno realizó a otras educadoras. Sin embargo, cuando se le citó a declarar en el expediente disciplinario, ni siquiera acudió a la cita. Aún así, se procedió al despido de los dos trabajadores, decisión que ha sido recurrida y llevada ante los tribunales. Les representa el abogado Pablo Alonso de Caso, que ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso de despido.

Los educadores no están dispuestos a aceptarlas acusaciones que desde la cúpula del Pinaret les han dedicado, como por ejemplo que han consumido droga o que han mantenido relaciones sexuales en presencia de menores. También acusan a los responsables del expediente disciplinario de no haberles permitido, antes de adoptar la decisión de despedirles, entregar una serie de pruebas que demostraban que el menor mentía. Este interno presentó dos vídeos. En uno reproduce una escena en una piscina, donde es arrojado al agua. El otro recoge unas carreras con un vehículo. En una de estas grabaciones se escucha una voz, que los responsables del centro atribuyeron a uno de los educadores expedientados. Sin embargo, esta afirmación es falsa, como demuestra una prueba pericial, que será aportada en el juzgado, realizada por un experto. La conclusión es que la voz no pertenece, ni de lejos, a la del educador.

Los trabajadores denuncian que los directivos de la fundación que gestiona el centro de reclusión atiendan, y den credibilidad, a las acusaciones de un menor que presenta una desestabilización. Además, también se quejan de que se hubiera rechazado la versión de otro menor, que aparece en una de las grabaciones, que afirmó que en la fiesta de la piscina no estaban ninguno de los dos educadores expedientados.

Los trabajadores se sienten calumniados e injuriados por todas las acusaciones que se han vertido sobre ellos en los expedientes disciplinarios. Por ello han decidido dar un paso adelante y denunciar a los responsables del centro, acusándoles de haber cometido graves irregularidades, penales y administrativas, para justificar su despido. La denuncia está en su fase inicial y en el escrito presentado en el juzgado se anuncia que no se descarta que se hayan podido cometer otras irregularidades aún más graves, como un delito contra los derechos de los trabajadores, un delito de odio u otro de prevaricación administrativa.

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