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El cibercrimen aumenta un 6% en Baleares en 2025 respecto a 2024: “La mayor dificultad es el alto grado de sofisticación, ya nadie está a salvo”

Las estafas informáticas suponen casi el 90% de la ciberdelincuencia en las islas, con 9.077 contabilizadas hasta septiembre de este pasado año

“En muchas ocasiones hemos tenido que lidiar con fraudes de más de un millón de euros”, alerta el abogado penalista Jaime Campaner

La cibercriminalidad está creciendo en Baleares y afecta a personas, empresas y también a organismos públicos.

La cibercriminalidad está creciendo en Baleares y afecta a personas, empresas y también a organismos públicos. / D.M.

B. Palau

B. Palau

Palma

El cibercrimen se ha incrementado un seis por ciento en Baleares en 2025 respecto a 2024. Entre enero y septiembre de este pasado año, se registraron 10.306 ciberdelitos en las islas, frente a los 9.736 contabilizados en ese periodo en 2024, lo que supone un aumento del 5,9%, según los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

Las estafas informáticas suponen casi el 90% de la cibercriminalidad en el archipiélago, con 9.077 acumuladas entre enero y septiembre de 2025. Mientras, en 2024 fueron 8.625 fraudes informáticos, por lo que han subido un 5,2%.

La ciberdelincuencia se concentra en Mallorca, con 8.062 casos en los tres primeros trimestres de 2025, frente a los 7.747 de 2024, lo que implica un ascenso del 4,1%. De este total, más de la mitad de asuntos se registraron en Palma. La capital balear contabilizó 4.196 ciberdelitos en 2025, de los que 3.750 fueron estafas informáticas, según la estadística del Ministerio del Interior.

El cibercrimen engloba cualquier actividad delictiva en la que se utilice ordenadores, redes e Internet como herramienta para cometer fraudes, robos de datos, suplantación de identidad, extorsión (ransomware), acoso (cyberbullying), daños informáticos o propagación de virus, con la finalidad primordial de obtener un beneficio económico, información confidencial o causar daño. Es una modalidad delictiva protagonizada por hackers o piratas informáticos, algunos de ellos perfectamente organizados, que habitualmente trasciende fronteras físicas, lo que dificulta enormemente las investigaciones y la resolución de los casos.

“La principal dificultad de la cibercriminalidad es el alto grado de sofisticación. Lo que comenzó como un fenómeno que era capaz de afectar a un determinado segmento de la sociedad se ha perfeccionado hasta el punto de lograr permeabilidad frente a personas altamente cualificadas e incluso con conocimientos informáticos. Ya nadie está a salvo”, advierte el reconocido abogado penalista Jaime Campaner, socio director de la firma Campaner Law, con sede en Palma y Madrid.

La fiscalía de Baleares no es ajena a esta realidad. En su memoria de 2025 se refiere a la investigación de los delitos informáticos y detalla: “Se está observando que los investigados son cada vez más conscientes de la posibilidad de que la Policía acabe accediendo a sus dispositivos y repositorios, por lo que adoptan cada vez más cautelas, lo que hace muy difícil la actuación de la Policía y, por ende, la actuación judicial”.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil cuentan con equipos especializados para luchar contra los ciberdelincuentes. La fiscalía de las islas pide más medios: “La cada vez mayor sofisticación de esta delincuencia debe ser una llamada de atención para proveer de mayores medios a los investigadores de los delitos tecnológicos tanto a nivel policial como en la fiscalía”.

Elevadas cantidades de dinero

Ante el crecimiento de la cibercriminalidad en Baleares y, en particular, de las estafas online, el socio director de la firma Campaner Law, Jaime Campaner, subraya que tienen casos de gravedad con cuantías muy altas: “Sin necesidad de manejar estadísticas globales, en nuestro despacho recibimos constantemente solicitudes de asesoría de fraudes cibernéticos ocurridos en todo el territorio nacional. En efecto, aunque hemos sido contactados por casos de cuantías más moderadas, en muchas ocasiones hemos tenido que lidiar con estafas informáticas de más de un millón de euros”.

La fiscalía lo confirma en su memoria: “Junto a las estafas de pequeñas cantidades, se observa un incremento de las estafas por cantidades importantes mediante la obtención de datos de facturación y engaño de los ordenantes de las transferencias. En cada juicio al que se asiste por esta modalidad se insiste en la necesidad de doble verificación de toda transferencia como medio más idóneo para evitar los fraudes”. En 2024, se iniciaron 30 procedimientos judiciales por delitos informáticos en las islas, ocho más que en 2023. Además, en 2024 se dictaron nueve sentencias, de ellas ocho condenatorias: tres por estafa, tres por ataques a sistemas informáticos y una por daños informáticos, entre otras.

Actuación ágil

“Este tipo de delincuencia se debe afrontar con la máxima celeridad, pues la intervención del abogado siempre se produce ex post y el tiempo es oro. Es una carrera contrarreloj para tratar de reconstruir lo ocurrido a través de medidas de investigación tecnológicas y, sobre todo, una vez localizado el dinero, ser ágil en la solicitud de medidas cautelares para congelar los fondos. En estos casos, en nuestra experiencia, es esencial el correcto manejo de los instrumentos de cooperación jurídica internacional, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, pues rige el principio de reconocimiento mutuo, de tal manera que la resolución judicial de un juez español tiene en cualquier otro Estado miembro el mismo valor que la que podría haber emitido la autoridad judicial de ese país”, destaca el abogado Jaime Campaner.

Por otro lado, las estafas convencionales crecieron un 31,3% en 2024, con 2.703 diligencias previas abiertas en los juzgados de las islas, frente a las 2.059 de 2023. Las apropiaciones indebidas también aumentaron un 25,4% en un año, según la fiscalía de Balears.

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