El Govern aprueba el pago del complemento de insularidad y refuerza la Inspección de Trabajo
Las nuevas retribuciones comenzarán a abonarse en la nómina de enero de 2026 y permitirán igualar progresivamente el complemento para todo el personal público

Los funcionarios, en una manifestación exigiendo el plus de insularidad. / G.Bosch

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un conjunto de acuerdos con impacto directo en las retribuciones del personal público de Baleares, entre los que destaca la activación del pago del complemento de insularidad para todo el personal de servicios generales de la Comunitat Autónoma y la homogeneización de este complemento para todos los profesionales del sector público a partir de 2026. Las medidas, que empezarán a aplicarse ya en la nómina del mes de enero, se completan con la autorización de un nuevo convenio con el Estado para reforzar la Inspección de Trabajo en las islas.
En concreto, el Govern ha dado luz verde al acuerdo que permite hacer efectiva la igualación del complemento de insularidad para el personal de servicios generales de la Administración autonómica, una reivindicación histórica que da cumplimiento al Acuerdo marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, ratificado en abril del pasado año. La medida tendrá efectos económicos inmediatos y supondrá que el complemento se abone ya actualizado, incorporando el 0,5% pendiente de 2024 y el incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025.
A partir de 2026, todos los grupos de personal funcionario y laboral avanzarán hacia la percepción de la misma cuantía de complemento de insularidad que el grupo A1. La implantación será progresiva para garantizar la sostenibilidad presupuestaria, con un calendario que fija el abono del 33,33 % desde el 1 de enero de 2026, el 66,66 % a partir del 1 de enero de 2027 y el 100 % desde el 1 de enero de 2028.
Homogeneización
El Consell de Govern también ha ratificado la homogeneización definitiva del complemento de insularidad para todos los profesionales del sector público, incluidos los del ámbito sanitario. De este modo, las retribuciones por residencia serán iguales para todos los grupos profesionales, independientemente de su categoría. Las cuantías fijadas son de 205,30 euros mensuales en Mallorca, 410,60 euros en Menorca y Ibiza y 615,90 euros en Formentera, importes que se aplicarán tanto al personal estatutario del Servei de Salut como al resto del personal de la Administración autonómica.
El acuerdo incluye además la unificación del régimen de vacaciones, permisos y medidas de conciliación del personal estatutario, teniendo en cuenta las particularidades del sistema sanitario y la necesidad de garantizar el funcionamiento continuo de los servicios públicos durante todo el año.
Estas decisiones han sido comunicadas previamente a las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General y en la Mesa Sectorial de Servicios Generales, en sesiones extraordinarias celebradas esta semana, y suponen, según el Govern, un avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los empleados públicos.
Junto a las medidas retributivas, el Consell de Govern ha autorizado la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Administración General del Estado para reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Baleares. El acuerdo, que actualiza el convenio suscrito en 2021, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por un periodo igual, y no comportará ningún coste económico adicional para la Comunitat Autònoma.
Mecanismos
El nuevo convenio establece los mecanismos de coordinación entre el Estado y la Comunitat Autònoma para mejorar la eficacia del servicio público de inspección, define las funciones de la autoridad autonómica y refuerza la participación del Govern en la planificación y coordinación de la actuación inspectora en el territorio.
Con este paquete de acuerdos, el Govern combina el impulso a la mejora de las condiciones económicas del personal público con el refuerzo de los instrumentos de control y garantía de los derechos laborales, en un contexto marcado por la negociación colectiva y la necesidad de adaptar los servicios públicos a la realidad territorial del archipiélago.
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