Desalojado de su casa de ensueño: cuando el fundador de La Residencia de Deià, Axel Ball, perdió su vivienda en Llucalcari

Su coche desciende traqueteando por el empinado camino que baja desde la MA-10 hasta Llucalcari. Desde la última vez que vino, el acceso se ha vuelto aún más irregular, con una vegetación espesa a ambos lados. “Cuando lo veo hoy así, todo está abandonado, nadie se ocupa ya de nada”, dice el arquitecto, entonces de 68 años. ¿Para qué molestarse? La vivienda de Ball y otras tres casas situadas sobre los acantilados del norte de Mallorca van a ser demolidas. Cuando en las próximas semanas desaparezcan las dos primeras, construidas a finales de los años 80, se pondrá fin a un largo y simbólico conflicto judicial, con el que se pretende sentar un precedente que resultará muy costoso para las arcas públicas. El mar está a apenas un tiro de piedra y el rumor de las olas invade las estancias casi vacías.

Hacía más de seis años que Axel Ball no entraba en su casa; interiormente ya se había despedido de aquellas paredes. Pocos creían que aquello llegaría a suceder. Ball había recibido la semana anterior una llamada del Ayuntamiento de Deià informándole de que el momento estaba cerca; nunca había recibido una notificación por escrito. El alemán mandó vaciar la casa, y los obreros sacaron numerosos cuadros del edificio de 350 metros cuadrados.

Costes, procesos y una sentencia firme

“Soy perfeccionista”, decía Ball en aquella última visita a la casa, y la finca construida a finales de los 80 había sido perfecta. La construcción costó entonces unos 250.000 euros, menos de lo que han acabado sumando los gastos legales acumulados hasta hoy. Año tras año llegaban nuevas facturas, incluso cuando durante mucho tiempo el proceso parecía estancado. Y, según Ball, harán falta al menos otros cinco años para que se decida sobre las indemnizaciones a los propietarios.

Porque la culpa no recae sobre los dueños. En marzo de 2005, el Tribunal Supremo dictaminó en última instancia que las licencias concedidas a finales de los 80 habían sido otorgadas de forma ilegal. La demanda había sido presentada más de 20 años antes por la organización ecologista GOB, al tratarse de terrazas paisajísticas protegidas.

Sin embargo, Ball sostiene que esto no afecta solo a las cuatro casas declaradas ilegales en Llucalcari. Calcula que más de 700 viviendas en toda la costa norte se encontrarían en una situación jurídica similar y que, en caso de denuncia, también podrían ser demolidas. “Si hace 20 años se hubieran denunciado todos los casos, se habría forzado una amnistía general”, afirmaba el alemán, que no descartaba nuevas acciones judiciales.

El alcalde comparte el diagnóstico jurídico y remite a la protección paisajística

El exalcalde de Deià, Jaume Crespí (Partido Popular, PP), compartía esta valoración legal. “La Serra de Tramuntana no se limita a Llucalcari”, afirmaba. Desde Port d’Andratx hasta Port de Sóller, pasando por Port de Valldemossa, existen casos similares que nunca fueron denunciados. Uno de los motivos es una ley estatal de 1985 que declaró estas zonas bien de interés cultural y paisajístico.

Crespí se sentía injustamente señalado por los jueces. La responsabilidad, sostenía, corresponde a la antigua administración autonómica, que participó en la concesión de las licencias. Además, la ejecución de la sentencia de 2005 se retrasó por falta de recursos económicos. El propio alcalde fue condenado durante tres meses al pago de una multa de más de 600 euros. Hicieron falta dos años para cerrar el actual acuerdo de financiación entre el ayuntamiento, el Consell de Mallorca y el Govern balear.

Las instituciones abonarán ahora 145.000 euros cada una para la demolición de las dos primeras casas. Para el Consell y para los ecologistas, la ejecución de la sentencia supone una advertencia para otros promotores y un hito en la protección del paisaje, también en el contexto de la candidatura de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial. Para las otras dos viviendas, está previsto firmar un nuevo acuerdo de financiación.

Propietarios afectados y la incógnita de las indemnizaciones

Entonces le tocará el turno a la casa de Fritz Seikowsky, que utiliza su propiedad en Llucalcari como segunda residencia. “La situación de incertidumbre es terrible”, afirma. A su juicio, la demolición perjudica más al paisaje de lo que lo protege. Además, advierte de los costes imprevisibles que podrían recaer sobre los contribuyentes debido a las reclamaciones por indemnización. Le indigna especialmente que pueda demostrar que posee todos los títulos legales de la vivienda.

“A alemanes inocentes se les arrebata y destruye su propiedad de forma expeditiva, por motivos populistas y políticos, sin ninguna claridad sobre la compensación”, denuncia. Según Ball, las otras dos casas también pertenecen a ciudadanos alemanes. En uno de los casos, los afectados perderán su residencia habitual, sin que exista una solución a la vista respecto a la indemnización.

“Veintidós años viviendo con este estrés no se pueden compensar”, afirmaba el arquitecto, que hasta el último de sus días residía en Sóller.

Mientras los operarios sacan los últimos enseres de la casa de Llucalcari, Ball lanza una última mirada por la ventana. Ya ha entregado un juego de llaves en el ayuntamiento. El alcalde, dice, se ha comportado correctamente: “No quiero causarle problemas innecesarios”.

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