El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el Govern contra la ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, confirmando así la validez de casi toda la norma. En una sentencia dictada el 19 de diciembre de 2025, el tribunal concluye que el Estado no se extralimitó al regular aspectos clave del acceso a la vivienda en todo el país y que la ley respeta, en líneas generales, las competencias de las comunidades autónomas.

El Gobierno había recurrido numerosos artículos de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, al considerar que el Estado invadía competencias autonómicas en materias como vivienda, urbanismo o gestión del suelo. Sin embargo, el Constitucional descarta este argumento en la mayor parte de los casos y respalda la capacidad del Gobierno central para intervenir en el mercado de la vivienda cuando existe un problema general que afecta a la igualdad entre ciudadanos.

La sentencia avala medidas como la regulación de las zonas de mercado residencial tensionado, la creación y gestión de parques públicos de vivienda, las obligaciones impuestas a los grandes propietarios y los límites a los alquileres en determinadas situaciones. Según el tribunal, estas actuaciones están justificadas por el interés general y por la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna en todo el territorio.

El Constitucional solo estima parcialmente el recurso en un punto muy concreto: anula un artículo que permitía, de forma opcional, introducir vivienda social en determinados suelos urbanísticos. El tribunal considera que esta previsión entra en el ámbito del urbanismo, una competencia que corresponde principalmente a las comunidades autónomas, y que no puede ser regulada desde el Estado en esos términos.

Reacción del PSOE

Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el PSIB-PSOE reclama al Govern balear que aplique «de inmediato» la ley estatal de Vivienda y declare a las islas como zona de mercado residencial tensionado para poder limitar los precios del alquiler.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, afirma que, tras la sentencia, el Ejecutivo autonómico presidido por Marga Prohens «ya no tiene ninguna excusa» para seguir retrasando la aplicación de una norma que permite frenar las subidas del alquiler. A su juicio, el recurso presentado contra la ley solo perseguía ganar tiempo y evitar la puesta en marcha de medidas que ya están dando resultados en otros territorios.

«Ahora sabemos perfectamente que el Govern de Prohens no tenía razón y que lo único que buscaba era retrasar la aplicación de medidas que funcionan en otras ciudades», señala Negueruela, en referencia a experiencias como la de Barcelona o algunas zonas del norte de España.

El portavoz socialista advierte además de la gravedad de la situación habitacional en Balears y recuerda que en 2026 más de 24.000 familias, alrededor de 70.000 personas, podrían perder su vivienda si no se les renueva el contrato de alquiler. Según denuncia, ya se están produciendo incrementos muy significativos en las renovaciones, con subidas que pasan de 700 a 1.700 euros mensuales en algunos casos.

Negueruela insiste en que el problema del acceso a la vivienda está llevando a muchas personas a abandonar pisos completos y a verse obligadas a alquilar habitaciones para poder permanecer en las islas. «La gente no puede pagar un piso y empieza a pagar habitaciones para no tener que marcharse», subraya.

Por todo ello, el PSIB-PSOE exige al Govern que aplique de forma inmediata la ley y declare Balears como zona tensionada, con el objetivo de activar cuanto antes la limitación de los precios del alquiler y aliviar la presión sobre miles de familias.

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