Setenta psicólogos clínicos reclaman al Ib-Salut que deje de contratar a no especialistas en los centros de salud de Baleares

Un total de 70 psicólogos clínicos de Baleares han presentado una reclamación dirigida al Ib-Salut para que deje de contratar en Atención Primaria a profesionales sin el título de especialista en Psicología Clínica (la especialidad que se obtiene con el examen PIR). El escrito, registrado como reclamación en la vía administrativa, es el trámite que precede a una posible demanda judicial, asegura la Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares.

El movimiento reabre un conflicto que estalló en octubre, cuando la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC) denunció que el Govern estaba incorporando psicólogos sin la especialidad clínica para atender consultas de salud mental en los centros de salud. Ahora, los profesionales de Baleares dan un paso más y formalizan una impugnación administrativa contra lo que consideran una práctica "contraria a la legislación sanitaria vigente" y "perjudicial para el sistema público".

En su reclamación, a la que ha tenido acceso este diario, los firmantes (psicólogos con especialidad clínica, muchos de ellos personal estatutario del propio servicio público) avisan de que el Ib-Salut ha contratado a graduados en Psicología "que no cuentan con la especialidad de psicología clínica" para atender salud mental en Atención Primaria. Concretan que estas incorporaciones se han producido "en el último año" y enumeran un total de 16: nueve en Mallorca, tres en Menorca y cuatro en Ibiza. En concreto, en Mallorca, son los centros de salud de Arquitecte Bennàssar, Coll d’en Rebassa, Pollença, Son Rutlan, Son Cladera, Portocristo, Camp Redó, Son Servera y Martí Serra.

Los psicólogos clínicos alertan de que estas contrataciones suponen que profesionales sin la especialidad estén realizando funciones asistenciales en el sistema público de salud mental. A su juicio, es una cuestión que afecta directamente a la calidad y a la seguridad de la atención que reciben los pacientes en los centros de salud.

Según explican en la reclamación, la atención psicológica en Atención Primaria implica "valorar, diagnosticar y tratar problemas de salud mental que pueden ser complejos", incluso cuando se presentan como leves. Por ello, defienden que estas funciones deben recaer en especialistas con formación clínica reglada y experiencia específica en el ámbito sanitario público. "La intervención en salud mental no es equiparable a otras prestaciones", sostienen, y requiere una preparación clínica sólida.

Los firmantes también advierten de que esta fórmula no resuelve el problema de fondo de la sanidad pública de las islas, que es la "falta de especialistas en salud mental". Consideran que la contratación de profesionales sin la especialidad es una solución provisional que "parchea" la situación, pero no aborda la "escasez estructural" de psicólogos clínicos ni la planificación a medio y largo plazo de los recursos humanos.

En este sentido, critican que el Govern opte por incorporar perfiles no especializados en lugar de reforzar la formación de nuevos especialistas y consolidar plazas estructurales en el sistema público. A su entender, esta estrategia debilita el modelo de formación sanitaria especializada y dificulta que Baleares cuente en el futuro con el número de psicólogos clínicos necesarios para atender la demanda creciente de salud mental.

La Plataforma subraya además que la reclamación registrada ante el Ib-Salut es el último paso dentro de la vía administrativa. Si no hay una rectificación por parte de la administración sanitaria, los profesionales no descartan acudir a los tribunales para que se revise la legalidad de estas contrataciones y se anulen las ya realizadas.

Por eso reclaman al Govern balear que reconsidere su política en Atención Primaria, deje de contratar a personal no especialista para atender consultas de salud mental y abra un proceso de diálogo con los profesionales. El objetivo, aseguran, es reforzar un modelo de atención psicológica basado en especialistas, con planificación estable y garantías para los pacientes, y no en soluciones temporales que, a su juicio, comprometen la calidad del sistema público.

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