El sistema de financiación autonómica no refleja las necesidades reales de Baleares

La evolución de la financiación autonómica en España durante las dos últimas décadas deja un retrato desigual del Estado de las autonomías. Y si hay una comunidad donde ese desequilibrio se percibe con especial nitidez, esa es Baleares. El último informe del director de Fedea, Ángel de la Fuente, que reconstruye series homogéneas de financiación regional entre 2002 y 2023, confirma con datos una percepción largamente instalada en la política y en la sociedad balear: el archipiélago es una de las comunidades que peor encaja en el sistema actual cuando se mide la financiación en relación con sus necesidades reales de gasto.

El estudio no se limita a reproducir las cifras oficiales del sistema de financiación, sino que va más allá. Homogeneiza los ingresos a igual esfuerzo fiscal y a competencias homogéneas, descontando singularidades y distorsiones normativas, y los relaciona con la población ajustada, el indicador que intenta reflejar el coste real de prestar servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Es precisamente en ese cruce donde Baleares sale mal parada de forma persistente.

Crecimiento agregado, brecha relativa

Entre 2002 y 2023, la financiación autonómica agregada prácticamente se ha duplicado en términos nominales. Baleares no es una excepción: los recursos que recibe la comunidad han crecido de forma notable, especialmente en los años posteriores a la pandemia. Sin embargo, el problema no es tanto el volumen absoluto como la posición relativa. Cuando se mide la financiación por habitante ajustado, esto es la vara de medir que utiliza el informe para comparar territorios, Baleares aparece de manera recurrente en la parte baja del ranking.

Esto significa que, una vez descontadas las diferencias de población, estructura demográfica y otros factores de coste, Baleares dispone de menos recursos por unidad de necesidad que la media de las comunidades de régimen común. Es una situación que no se explica por un menor esfuerzo fiscal ni por una menor capacidad recaudatoria, sino por la forma en que el sistema redistribuye los recursos.

El informe es especialmente claro al respecto: la financiación autonómica no guarda una relación estable ni transparente con la capacidad económica de los territorios. En el caso balear, esa desconexión se traduce en una paradoja estructural: una comunidad con una economía dinámica, altamente productiva y muy abierta al exterior que, sin embargo, dispone de menos margen financiero para sostener sus servicios públicos esenciales.

El peso invisible de la insularidad

Uno de los elementos más controvertidos del sistema es la forma en que se calcula la población ajustada. Este indicador pondera variables como la edad, la dispersión territorial o la superficie, pero recoge de forma muy imperfecta factores clave para territorios insulares como Baleares. La doble insularidad, los sobrecostes logísticos, la presión estacional derivada del turismo o la dificultad para dimensionar servicios públicos en picos de demanda no tienen un reflejo proporcional en las fórmulas de reparto.

El resultado es que Baleares aparece, sobre el papel, como una comunidad "barata" en términos de prestación de servicios, cuando en la práctica el coste real es superior. El sistema, al no incorporar adecuadamente estas singularidades, genera una infrafinanciación crónica que se arrastra año tras año y que se traduce en tensiones presupuestarias permanentes, especialmente en sanidad y educación.

La pandemia: alivio coyuntural, no estructural

La irrupción de la pandemia de covid-19 supuso un paréntesis excepcional. Entre 2020 y 2022, el Estado canalizó hacia las comunidades autónomas un volumen inédito de transferencias extraordinarias. Baleares recibió recursos adicionales a través del Fondo Covid y de otras medidas excepcionales, lo que permitió amortiguar el impacto del desplome económico y del aumento del gasto sanitario y social.

Sin embargo, el propio informe subraya el carácter coyuntural de estas ayudas. Una vez desaparecidos los fondos extraordinarios, el sistema vuelve a mostrar sus costuras. Baleares, además, fue una de las comunidades que no se benefició de la condonación de liquidaciones negativas, al presentar saldos positivos en la liquidación de 2020, lo que limitó aún más el efecto redistributivo de esas medidas excepcionales en el archipiélago.

Financiación por caja y dependencia del Estado

Otro de los aspectos relevantes del estudio es la distinción entre financiación "por devengo" y financiación "por caja". Baleares, como el resto de comunidades, no siempre ingresa en un año lo que le corresponde según la financiación definitiva, debido al sistema de entregas a cuenta y liquidaciones con retraso. Esta mecánica introduce volatilidad e incertidumbre en la planificación presupuestaria y refuerza la dependencia de mecanismos estatales de liquidez.

Aunque Baleares ha recurrido menos que otras comunidades a instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica, el informe muestra cómo estos mecanismos se han convertido en una pieza estructural del sistema, con subvenciones implícitas a los intereses que alteran la comparación real entre territorios. De nuevo, el resultado es un sistema opaco, difícil de explicar y políticamente inflamable.

Un debate que vuelve siempre al mismo punto

Tal y como apunta el estudio, Baleares no está infrafinanciada porque recaude poco o gestione mal, sino porque el diseño del sistema no refleja adecuadamente sus necesidades reales ni su contribución al conjunto del Estado. El debate sobre la reforma de la financiación autonómica, bloqueado desde hace más de una década, vuelve así al punto de partida. El informe aporta una base sólida para el debate que se inicia hoy.

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