"Ordinalidad es una palabra bastante fea": El modelo que defiende Prohens choca con el resto de barones del PP

La reforma del sistema de financiación autonómica vuelve a actuar como un revelador político. Cada vez que el debate reaparece, aflora una evidencia conocida pero incómoda: los grandes partidos tienen enormes dificultades para sostener un discurso homogéneo cuando el reparto de recursos afecta de manera tan desigual a los territorios que gobiernan. En el Partido Popular, esa tensión ha tomado ahora la forma de una palabra que incomoda y divide: ordinalidad.

En Baleares, el Govern que preside Marga Prohens ha decidido no esquivarla. Tanto ella como su vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, han incorporado el concepto a su discurso político con naturalidad técnica, casi administrativa. La idea es sencilla en su formulación y compleja en sus implicaciones: que las comunidades que más aportan al sistema no pierdan posiciones relativas tras la redistribución de recursos.

Hace apenas unas semanas, Prohens exigía en Barcelona que se respetara el principio de ordinalidad porque Baleares es la segunda comunidad que más aporta al sistema, "solo por detrás de Madrid y por delante de Catalunya". Tan solo un día después se reunía con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Consolat de Mar, donde volvió a insistir en que "es responsabilidad del Gobierno que el nuevo sistema de financiación tenga en cuenta criterios como el crecimiento poblacional, la población flotante, el principio de ordinalidad y la insularidad".

Baleares sitúa así la ordinalidad como uno de los ejes que debería integrar un nuevo modelo de financiación, junto a otros elementos que considera estructuralmente infravalorados. El aumento constante de la población en las Islas, la presión de la población flotante, el reconocimiento efectivo del coste de la insularidad y la autonomía fiscal forman parte del mismo paquete reivindicativo. "Son nuestras cuatro condiciones irrenunciables", repiten Prohens y Costa desde hace años, como confirma la hemeroteca.

Ninguna de estas variables aparece, por ahora, en la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda. Pero el verdadero alcance del planteamiento balear no está tanto en la discrepancia con el Gobierno central como en la ausencia de eco dentro del propio Partido Popular, donde la palabra ordinalidad provoca más incomodidad que consenso.

Porque mientras Baleares entra en el debate de fondo, el resto del PP se mueve en otro plano. Los barones autonómicos populares han optado mayoritariamente por una oposición política al modelo del Gobierno, centrada en la bilateralidad con Cataluña, en los pactos con fuerzas nacionalistas y en la denuncia de supuestos privilegios territoriales, pero evitando deliberadamente abrir el melón de los principios redistributivos que subyacen al sistema.

Cuando lo hacen, es para rechazarlo sin matices. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido explícito: "Ordinalidad es una palabra bastante fea que no podemos aceptar, porque es sinónimo de ruptura de la igualdad". En Aragón, Jorge Azcón ha elevado aún más el tono al calificarla de "traición" a los valores de igualdad y solidaridad: "No es otra cosa que insolidaridad y desigualdad, aplicar que los que más tienen son los que más se quedan".

Desde Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha preferido no pronunciar la palabra, pero su discurso pivota sobre la denuncia de una "ruptura de la igualdad" entre españoles mientras reivindica la defensa de las comunidades con mayor actividad económica. Una paradoja política, teniendo en cuenta que la ordinalidad beneficiaría directamente a la Comunidad de Madrid por ser la región que más aporta al sistema.

Mientras Baleares habla de ordinalidad, otros territorios gobernados por el PP la señalan como una amenaza al equilibrio territorial. No hay un choque directo con el Govern de Prohens, pero sí una disonancia clara. El partido comparte el diagnóstico político, esto es la oposición al modelo del Gobierno, pero no el análisis de fondo sobre cómo debe estructurarse el reparto de recursos.

Aunque la confrontación no se limita al PP. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asumido un papel similar al de los barones populares más críticos. Page ha advertido de que introducir la ordinalidad supondría un cambio profundo en el sistema y ha llegado a afirmar que "pasar de un modelo de reparto justo a uno de ordinalidad es el mayor ataque a la igualdad de los españoles". Una posición que, en la práctica, converge con las reticencias expresadas desde varios gobiernos autonómicos del PP.

Así, mientras Baleares y Catalunya quieren introducir la ordinalidad en el debate de fondo sobre la financiación autonómica, el resto de dirigentes prefiere mantenerse en el terreno seguro de la crítica política. Una estrategia que permite sostener un frente común contra el Gobierno, pero que vuelve a dejar al descubierto una realidad recurrente en la política española: cuando el debate baja al detalle, la unidad territorial se resiente y los discursos empiezan a divergir.

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