El Govern sitúa la autonomía tributaria como "principal línea roja" ante la negociación del sistema de financiación

La reunión de mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid será una nueva estación en un debate largo y espinoso que Baleares lleva tiempo reclamando. Tras años de parálisis, el Govern balear valora que el Gobierno de Pedro Sánchez haya abierto finalmente el melón de la reforma del sistema de financiación, una reivindicación recurrente desde el inicio de la legislatura.

El Ejecutivo que preside Marga Prohens acudirá al encuentro con un tono constructivo, con voluntad de negociar y con la expectativa de que el Consejo no se limite a una mera ratificación de una propuesta cerrada, según explican desde la conselleria de Hacienda. En el Govern se insiste en que el simple hecho de sentarse a hablar ya supone un avance, pero se advierte de que el margen de acuerdo depende, en última instancia, de que el Ministerio esté dispuesto a introducir cambios sustanciales.

Ese es el punto de fricción. Si la reunión deriva en un escenario de "sí o no" a la propuesta actual, sin espacio para la negociación, el Govern tiene decidido votar en contra. La razón es clara: el documento que se somete a debate no incorpora, a juicio del Ejecutivo balear, ninguna de sus principales reivindicaciones.

Insularidad y crecimiento demográfico

Desde la Conselleria de Hacienda, que dirige Antoni Costa, el análisis es severo. Una de las primeras críticas se centra en la insularidad. El Govern no entiende por qué el peso de este factor en el cálculo de la población ajustada se ha reducido del 0,6 al 0,5. La lectura política es directa: resulta incomprensible que vivir en unas islas implique hoy, para el Estado, menos necesidades de gasto que ayer.

A esta rebaja se suma la ausencia de dos variables que Baleares considera esenciales para reflejar su realidad presupuestaria: la población flotante y el crecimiento demográfico. En una comunidad sometida a una presión constante derivada del turismo y del aumento sostenido de residentes, la exclusión de estos factores se interpreta como una infraestimación estructural de sus necesidades de financiación.

Ordinalidad

El Govern vincula esta crítica con una cuestión de fondo que ya ha marcado el debate político de las últimas semanas: la ordinalidad. Desde el inicio de la legislatura, Baleares ha defendido que el nuevo sistema debe garantizar que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones relativas tras la redistribución. Sin embargo, la propuesta del Ministerio es vista como un encaje de piezas que, en la práctica, permitiría que solo Cataluña se beneficiara de este principio. Una aplicación selectiva que Baleares considera inaceptable.

Aunque de momento el Ejecutivo balear sitúa como "principal línea roja" la autonomía tributaria. El Govern rechaza de plano cualquier intento de limitar la capacidad de las comunidades para fijar su política fiscal. En este punto, el foco se dirige directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a su planteamiento de establecer mínimos obligatorios en impuestos como el de sucesiones y donaciones.

Para el Govern, esta propuesta supone un ataque frontal a la autonomía fiscal de Baleares y, por extensión, a uno de los pilares del Estado autonómico. El Ejecutivo balear insiste en que la eliminación de este impuesto fue respaldada por una mayoría clara en las urnas el 28 de mayo de 2023 y considera inaceptable que el Gobierno central pretenda revertir esa decisión desde Madrid.

El discurso incorpora, además, una crítica política más amplia. Para el Govern, resulta paradójico que un Ejecutivo que se define como federalista impulse medidas que se interpretan como un ejercicio de centralismo fiscal. Se puede discrepar sobre la bajada de impuestos, admiten, pero no cuestionar la capacidad de una comunidad para decidirlos.

Con este telón de fondo, Baleares llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición definida: dispuestos a negociar, pero con límites claros. La reunión de mañana se convierte así en una prueba de hasta qué punto el Gobierno de España está a favor de abrir una negociación real o si, por el contrario, busca cerrar el debate con una propuesta que deja fuera a buena parte de las comunidades.

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