Baleares activa una comisión contra las 'empresas pirata' del socorrismo para frenar el intrusismo

El sector del socorrismo en Baleares ha acordado la creación de una comisión específica para perseguir a las denominadas 'empresas pirata' y combatir el intrusismo laboral que, según denuncian patronales y sindicatos, afecta desde hace años a la vigilancia y seguridad en el medio acuático.

La medida se adopta tras la firma, el pasado mes de diciembre, del II Convenio Colectivo Sectorial de Vigilancia Acuática y Socorrismo, suscrito por la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo (SALVIB), la Associació Empresarial Balear de Socorrisme (AEBS) y los sindicatos CCOO, UGT y CGT. El acuerdo tendrá vigencia del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2029 y establece un marco común de salarios y condiciones laborales, con incrementos retributivos en todas las categorías profesionales.

Según explican las partes firmantes en un comunicado, la nueva comisión de seguimiento y cumplimiento tendrá como objetivo identificar, documentar y denunciar a operadores que trabajan fuera del marco laboral y profesional exigido y que, mediante prácticas irregulares, presentan ofertas con precios anormalmente bajos. Desde el sector sostienen que estas dinámicas no solo generan competencia desleal, sino que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios.

Las organizaciones alertan de que durante años se han detectado contrataciones fuera del convenio autonómico, empleo sin regularizar, personal sin la titulación exigida e incluso trabajadores en situación administrativa irregular. El sector señala que el Govern es conocedor de esta problemática y subraya el papel de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa.

La comisión estará integrada por las entidades firmantes del convenio y trabajará de forma coordinada para canalizar evidencias, contrastarlas y actuar por las vías correspondientes cuando existan indicios sólidos de irregularidades. Entre las prácticas detectadas se citan socorristas sin alta en la Seguridad Social, pagos en negro o abono de horas extra fuera de nómina, así como fórmulas que dificultan la trazabilidad laboral.

El convenio firmado en diciembre incorpora, además, una regulación diferenciada para el socorrismo en playas y en piscinas, adaptando las condiciones a realidades laborales distintas. Los firmantes advierten de que la aparición de precios muy por debajo del mercado -con diferencias de hasta tres euros por hora- no responde a criterios de eficiencia, sino a recortes incompatibles con el marco salarial y de cotización vigente.

El principal foco del problema, según el sector, se encuentra en las piscinas, especialmente en las de hoteles, donde en ocasiones se prioriza el precio más bajo sin verificar el cumplimiento de las garantías laborales y profesionales. Desde las organizaciones recomiendan contratar únicamente con empresas que puedan acreditar el cumplimiento de la normativa y realizar un seguimiento durante toda la vigencia del contrato.

La comisión anuncia una política de "tolerancia cero" frente al fraude laboral y pondrá en marcha distintos mecanismos de detección, entre ellos un correo de denuncia anónimo dirigido especialmente a trabajadores, aunque abierto a cualquier persona con conocimiento directo de irregularidades. El objetivo es comunicar los casos de forma segura, priorizarlos y actuar con rapidez cuando se confirmen.

El sector subraya que el problema trasciende el ámbito laboral y puede derivar en responsabilidades legales y daños reputacionales para los establecimientos contratantes en caso de incidentes graves. En este sentido, recuerdan que varios de los casos más graves de ahogamiento de menores registrados en los últimos años en Baleares se han producido en piscinas.

En las próximas semanas se concretarán los mecanismos de funcionamiento de la comisión, orientados a detectar ofertas anormalmente bajas, recopilar información sobre posibles incumplimientos y trasladar los casos a los organismos competentes. El objetivo final, señalan las partes firmantes, es garantizar a partir de 2026 el cumplimiento efectivo del convenio, la protección de los trabajadores y la seguridad en el medio acuático.

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