El actual sistema fiscal penaliza a Baleares y lastra su crecimiento, según la Airef
El organismo advierte que el régimen actual sigue sin tener en cuenta las singularidades territoriales del archipiélago

Decenas de turistas pasean frente a la Catedral de Palma. / Cati Cladera / EFE

La última reforma del marco fiscal nacional planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene una lectura especialmente relevante para Baleares. El organismo advierte de que el sistema actual de reglas fiscales, diseñado sin tener en cuenta las singularidades territoriales, dificulta la planificación presupuestaria de comunidades con economías altamente cíclicas como la balear y limita su capacidad para sostener el gasto público en momentos de desaceleración.
La AIReF identifica importantes deficiencias en el diseño y la aplicación de las reglas fiscales que afectan de lleno a comunidades autónomas como Baleares, donde la dependencia del turismo, la estacionalidad de los ingresos y el impacto de la población flotante generan fuertes oscilaciones presupuestarias de un año a otro.
El informe subraya que el actual marco fiscal nacional sigue pivotando sobre objetivos anuales de déficit nominal y una regla de gasto estrictamente anual, sin apenas margen de flexibilidad. Este enfoque, según la AIReF, resulta especialmente problemático para Baleares, cuya recaudación depende en gran medida del ciclo turístico y puede variar significativamente en función de factores externos como la coyuntura internacional, el precio del transporte o la inflación.
En la práctica, esto significa que en ejercicios de menor crecimiento o de caída de ingresos, Baleares se ve obligada a aplicar ajustes de gasto inmediatos para cumplir las reglas, incluso cuando esas tensiones son coyunturales. La AIReF alerta de que este diseño tiene un efecto claramente procíclico: obliga a recortar en los momentos de debilidad económica y no permite ahorrar de forma ordenada en las fases expansivas.
Otro de los aspectos que el organismo cuestiona con mayor dureza es el reparto homogéneo de los objetivos de estabilidad entre comunidades autónomas. El sistema actual fija los mismos límites de déficit para todas las autonomías, sin tener en cuenta su situación de partida, su estructura económica ni su capacidad real de ajuste.
Para Baleares, esta práctica supone un agravio comparativo. La comunidad soporta una elevada presión sobre los servicios públicos —sanidad, transporte, vivienda o medio ambiente— derivada de la afluencia turística y del crecimiento poblacional estacional, factores que no se reflejan en el diseño de los objetivos fiscales. La AIReF considera que esta uniformidad reduce la credibilidad de las reglas y dificulta que comunidades como Baleares se apropien de los compromisos fiscales, al percibirlos como una imposición ajena a su realidad.
Según la AIReF, este diseño es especialmente perjudicial para el archipiélago, que necesita planificar inversiones plurianuales en infraestructuras, vivienda o transición energética, muchas de ellas condicionadas por la insularidad y por el impacto del cambio climático. La imposibilidad de trasladar márgenes de gasto de un ejercicio a otro genera incentivos a agotar el límite anual y penaliza una gestión presupuestaria más estratégica y a medio plazo.
La AIReF también alerta de que la falta de aprobación de los objetivos de estabilidad desde la reactivación de las reglas fiscales en 2024 ha incrementado la incertidumbre para las comunidades autónomas. Baleares ha tenido que elaborar sus presupuestos sin un marco estatal claro, con la regla de gasto como única referencia efectiva.
Esta situación, advierte el organismo, debilita la seguridad jurídica, dificulta la supervisión fiscal y complica la coordinación entre administraciones. Para Baleares, supone trabajar con un elevado grado de incertidumbre sobre el margen real de gasto permitido, en un contexto de crecientes demandas sociales y presión sobre los servicios públicos.
Pese al diagnóstico crítico, la AIReF ve en la reforma del marco fiscal una oportunidad para comunidades como Baleares. Entre sus propuestas destaca permitir que las comunidades elaboren planes fiscales propios a medio plazo, coherentes con el marco estatal y europeo, y que los objetivos se adapten a la situación real de cada territorio.
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