El servicio de valoraciones de dependencia suma los primeros refuerzos para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia

Tras las quejas por parte de colectivos sociales y familias debido al colapso en la gestión de expedientes, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha formalizado la incorporación de los primeros quince profesionales destinados a reducir las listas de espera. Estos técnicos forman parte de un refuerzo estructural de 33 plazas que busca revertir una situación de parálisis que, en los casos más graves, ha llegado a retrasar las valoraciones de discapacidad y dependencia más de un año.

El perfil de los nuevos trabajadores incorporados en los últimos días responde a una necesidad técnica multidisciplinar. Entre los profesionales que ya han ocupado sus puestos se encuentran trabajadores sociales, psicólogos, logopedas y valoradores sanitarios, además de personal de apoyo administrativo y técnico. La dirección general ha subrayado este lunes, en nota de prensa, que se trata de plazas estructurales, es decir, que no se trata de un refuerzo temporal.

La incorporación de este equipo ya ha comenzado a ofrecer los primeros resultados. Según datos de la propia Conselleria, en las pocas semanas que lleva activo este refuerzo se ha logrado una reducción del 13% en las listas de espera de discapacidad. La consellera Sandra Fernández ha defendido que este despliegue es una "prioridad absoluta" para garantizar que ningún ciudadano de las Islas tenga que esperar meses para ver reconocido un derecho fundamental. El objetivo final es ambicioso: "lograr que las valoraciones se resuelvan en un plazo máximo de seis meses, cumpliendo así estrictamente con la normativa vigente", explican en el escrito.

52 millones

Cabe recordar que la administración ha concretado recientemente una inversión de 52,3 millones de euros para el periodo 2025-2027 a través de la firma de 43 convenios con Consells Insulars, mancomunidades y ayuntamientos.

Este paquete económico -destacaron desde el Govern- solucionaba un problema que amenazaba la viabilidad de muchos servicios locales: la congelación de los precios por plaza. En el caso de los centros de día, el coste que la administración autonómica abonaba a los ayuntamientos no se actualizaba desde el año 2013, lo que obligaba a las arcas municipales a realizar esfuerzos extraordinarios para cubrir el déficit. Con la nueva estrategia, el precio por plaza en centros de día aumentará un 21% de forma escalonada, mientras que las plazas residenciales verán incrementada su financiación en un 28% respecto a 2022.