Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada

Un antiguo agente medioambiental del Govern admitió ayer ante la magistrada de Palma que investiga la presunta pasividad de la anterior conselleria de Medio Ambiente en la tramitación de las denuncias por aves fallecidas electrocutadas en líneas de alta tensión, muchas de las cuales prescribían por el tiempo transcurrido, que la unidad de sanciones estaba desbordada.

El agente, ya jubilado, compareció ayer al mediodía en calidad de testigo en los juzgados de Vía Alemania. Confirmó que no prosperaban todos los expedientes sancionadores por rapaces muertas por electrocución. Según su versión, esto se debía a órdenes de más arriba, pero ayer no pudo concretar ni responsabilizar a ninguna persona ni institución. De hecho, su denuncia ante la fiscalía hace un par de años fue el origen del actual procedimiento judicial en el que ya han declarado como investigados por supuesta prevaricación omisiva cuatro antiguos funcionarios del Govern, así como tres exaltos cargos de la anterior conselleria de Medio Ambiente.

El testigo en su denuncia expuso que, pese a las numerosas actas levantadas, no se tramitaban los expedientes sancionadores relativos a aves que morían electrocutadas, lo que provocaba que muchas de las infracciones prescribieran con el paso del tiempo. Entre los animales fallecidos había especies protegidas en Baleares como el milano real, el águila calzada o el cernícalo, que perecieron al sufrir una descarga tras posarse en tendidos eléctricos que no reunían las condiciones ni disponían de los aislamientos que establece la normativa, según el ministerio público, que abrió diligencias y posteriormente presentó una denuncia que recayó en un juzgado de instrucción de Palma. Los hechos que se investigan comprenden el periodo entre los años 2018 y 2022, durante el pacto de progreso del Govern de Francina Armengol.

El agente de medio ambiente que dio origen a las pesquisas con su denuncia ayer reconoció ante la jueza que la unidad sancionadora de la Conselleria estaba sobresaturada de trabajo. Según indicó, era de sobras conocido que los funcionarios iban desbordados ante el volumen de expedientes al que tenían que hacer frente. Además, señaló que no solo debían tramitar expedientes de avifauna, que son los que se investigan en esta causa, sino también otras infracciones por otros temas medioambientales como vertidos, fondeos o la posidonia oceánica.

Falta de medios

Su versión encaja en parte con la que ofrecieron el pasado octubre los funcionarios investigados, quienes reconocieron que prescribieron decenas de denuncias por aves electrocutadas debido a la absoluta falta de medios que tenían. Los empleados públicos subrayaron que era inasumible tramitar un elevado volumen de expedientes para el escaso personal que había entonces.

El testigo negó haber manifestado a los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que esta situación se debiera a unos funcionarios determinados. Según explicó, la unidad de sanciones hacía su tarea, pero iba sobresaturada de trabajo y no podía abarcarlo todo. Por ello, había expedientes que caducaban. El denunciante señaló que eran órdenes de más arriba, pero no pudo concretar ni dar ningún nombre.

Dos agentes del Seprona de la Guardia Civil confeccionaron un informe a petición de la fiscalía, que ratificaron el pasado año en el juzgado, basado en la denuncia del agente medioambiental y en la documentación que este les aportó. Los guardias civiles precisaron que las pesquisas todavía eran muy incipientes. Por ello, en su informe instaban a que se siguiera investigando por un presunto mal funcionamiento de la Administración por no tramitar los expedientes sancionadores, lo que desembocó en que decenas de actas de infracción prescribieran, y por no haber dado traslado a la fiscalía de aquellos casos más graves que podrían ser constitutivos de delito.

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