La administración de Baleares gastó en el año 2023 unos cien millones menos del dinero recaudado

La Sindicatura de Cuentas de Baleares ha validado la legalidad de los gastos públicos generados en los presupuestos de la comunidad autónoma. Esta institución económica, dirigida por el síndico mayor Joan Rosselló, ha presentado esta mañana el informe de fiscalización de las cuentas públicas de las islas del año 2023, que ha entrado en el Parlament. El examen económico se centra en un año en el que se produjo un cambio político en Baleares, pasando el poder a manos del PP, por lo que las cuentas públicas fueron gestionadas tanto por el PSIB, como posteriormente por el Partido Popular.

Rosselló, que entregó personalmente el informe al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, explicó que desde el punto de vista financiero, el presupuesto de la comunidad refleja “una imagen fiel de la realidad económica de Baleares”. En ocasiones, este órgano fiscalizador tiene discrepancias con la administración autonómica en cuanto a los apuntes contables, si bien el síndico mayor quitó importancia a estos diferentes puntos de vista técnicos.

El año 2023 Baleares contó con un presupuesto de casi seis mil millones de euros. El examen económico refleja que se gastó algo menos de lo presupuestado, logrando un superávit del 0.35 por ciento sobre el PIB, a pesar de que la ley le permitía incluso tener un déficit del 0.3 por ciento. En término de cifras se calcula que la administración recaudó todo el presupuesto previsto y dejó de gastar alrededor de unos cien millones de euros, que es la cantidad aproximada del superávit acumulado. Además, también se logró reducir la deuda pública, lo que limita el pago de intereses por el dinero que ha recibido la comunidad autónoma prestado por las entidades financieras. Esta reducción de la deuda pública se sitúa en unos 290 millones de euros.

El análisis económico del año 2023 confirma la línea positiva que ya se estableció a partir del año 2020. La institución de fiscalización refleja también en el informe una “cuestión contable”, que señala la discrepancia sobre los litigios económicos que tiene pendiente de la comunidad autónoma y que todavía no se han resuelto. La Sindicatura considera que la comunidad debería provisionar una cantidad económica mayor a la que se ha calculado dentro del presupuesto anual.

Otra incidencia que se repite cada año, según ha resaltado Joan Rosselló, es la gestión económica que se desarrolla en el Servicio de Salud de Baleares. El informe resalta que en el año 2023 se gastaron alrededor de unos 200 millones de euros sin disponer de presupuesto o sin expediente. Esta cifra de los 200 millones, aproximadamente, se viene repitiendo durante los últimos años, si bien Rosselló resaltó que el presupuesto en salud que se invierte en Baleares es cada vez mayor. Sobre estas partidas sin un control estricto presupuestario en el área de salud, Joan Rosselló advirtió que al tratarse de gastos sin cobertura presupuestaria, siempre existe la posibilidad de una mala gestión de estos recursos públicos.

En el año 2023 la comunidad autónoma dedicó un presupuesto de alrededor de 2.200 millones en la salud pública. El informe de fiscalización refleja que alrededor de la mitad de este presupuesto se dedicó al pago de las nóminas de los trabajadores públicos sanitarios, cuya partida también ha ido aumentándose año a año.

Con respecto a la regla de gasto, que debe seguir las normas que marca el Estado, que establece un porcentaje en función del presupuesto, Baleares superó las cifras autorizadas por el Gobierno Central. Así, Rosselló especificó que, con respecto al PIB, el índice de gasto en Baleares debió situarse alrededor del 3 por ciento, si bien en el año 2023 alcanzó un diez por ciento. Es decir, se gastó más de lo previsto. Aún así, el año se cerró con superávit. Ante este panorama, el síndico mayor advirtió que a la larga este porcentaje de gasto puede “producir tensiones”. Este aumento de gasto se centra sobre todo en el pago al personal que trabaja para la comunidad autónoma y va en aumento en función de algunos incrementos de retribución que establece el propio Estado. Mientras que las nóminas que se abonan al personal sanitario representa la mitad del presupuesto, el porcentaje del año 2023 dedicado a pagar a todos los funcionarios públicos de las islas representó un 29 por ciento de los presupuestos generales de Baleares. “Si una partido tan importante como es la del persona va aumentando cada año, según como vayan los ingresos, se podrían producir tensiones en otras partidas”, según señaló Rosselló. De hecho, en los dos últimos ejercicios esta partida dedicada al pago de las nóminas de los trabajadores públicos de las islas ha aumentado, mientras que los ingresos han permanecido más estables.

El sindico mayor ha confirmado que las cuentas del año 2024 se cerraron también con superávit. Joan Rosselló restó importancia a que el Govern no haya conseguido aprobar los presupuestos generales de este año, señalando que existe la fórmula de prorrogar los del año anterior y recordó que esta situación se viene repitiendo desde hace más de cuatro años en el Gobierno de Madrid y, aún así, la administración continúa funcionando.