El Gobierno central lleva a los tribunales la prohibición balear de alquilar yates privados

El Gobierno central ha presentado un contencioso contra la prohibición balear de alquilar yates privados impulsado por el Ejecutivo de Marga Prohens. Desde Madrid argumentan que el decreto "invade competencias que son del Estado y si hay que regular el cambio de lista para alquiler temporal y limitarlo es algo que corresponde al Estado, no a la Comunidad Autónoma".

Los planes del gobierno de España, según detallan, siguen siendo los mismos, establecer una modificación normativa que limite esta posibilidad de cambio de lista para alquiler temporal en aquellos territorios donde se dé una saturación del espacio marítimo o las condiciones de seguridad náutica así lo justifique. "Pero es algo que tenemos que hacer, y regular, desde el Estado, no desde la comunidad autónoma", recalcan.

Normativa

Según recalcan desde el Gobierno central, la conclusión de los argumentos expuestos es que el Decreto balear 44/2025 contiene normas que regulan o prohíben aspectos del régimen de explotación comercial, la matriculación y el cambio temporal de uso de embarcaciones, materias que integran el ámbito del art. 149.1.6.ª y 20.ª de la Constitución Española.

En la medida que las observaciones sobre esta cuestión no fueron atendidas en el decreto finalmente aprobado, se formuló, el 2 de octubre de 2025 (documento 3) requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa, en cumplimiento del trámite previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Lucha entre Baleares y Madrid

Cabe señalar que el real decreto publicado el pasado día 26 por Transportes y que modifica algunas normas de Marina Mercante incorpora la posibilidad de alquilar embarcaciones de uso privado (lista séptima) durante tres meses al año como si fueran profesionales (lista sexta), pero sin incluir la prometida excepción para que Baleares pueda evitar esta opción, tal y como habían prometido los socialistas de las islas asegurando que el Ministerio había asumido este compromiso. La diputada balear del PSOE Milena Herrera asegura que esta promesa se va a cumplir en un futuro decreto y antes de que se inicie la temporada estival, alegando que no ha habido tiempo de hacerlo en el recién aprobado.

El real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado permite a las embarcaciones de uso privado que se puedan alquilar durante tres meses al año, una posibilidad que la práctica totalidad del sector de las islas y de sus partidos políticos rechaza (el anterior Govern del Pacto también se pronunció en contra) y que ha llevado al actual Ejecutivo de Marga Prohens a prohibirla pese a entrar en colisión con el estatal.

Los argumentos esgrimidos por el director general de Puertos de las islas, Antoni Mercant, para oponerse a ese alquiler de embarcaciones privadas son que se puede generar un daño muy importante a empresas de chárter de Baleares de demostrada profesionalidad y muy consolidadas, pero también que se puede favorecer una saturación todavía más acentuada del litoral balear, donde ya se padece este problema. Así, da una especial importancia al deterioro medioambiental que se puede crear y a las cuestiones de seguridad.

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