Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años

Mallorca ha superado el millar de actuaciones de demolición de edificaciones ilegales por infracción urbanística en suelo rústico desde 2017, entre derribos totales y parciales. La memoria anual de 2024 de la Agencia de Defensa del Territorio contabiliza un total de 841 derribos desde 2017, situando la media en más de cien actuaciones ejecutadas cada año. Estimaciones internas señalan que la tendencia se mantuvo al término del pasado ejercicio (2025), dándose por superada la cifra de mil demoliciones en los últimos ocho años.

Desde su consolidación en 2017, la ADT ha mantenido una actividad continuada en la lucha contra la ilegalidad urbanística de la mano del Consell de Mallorca, con un volumen estable de inspecciones, expedientes y ejecuciones de demolición. En este período (2017-2024), la agencia ha realizado más de 4.000 inspecciones urbanísticas, ha incoado 1.446 expedientes sancionadores y de restablecimiento, y ha impuesto sanciones por un total aproximado de 40 millones de euros, además de multas coercitivas por cerca de 2,4 millones de euros para forzar el cumplimiento voluntario.

Las denuncias han mostrado un crecimiento significativo, pasando de 100 en 2017 a un pico de 708 en 2021 y 819 en 2024 (476 de particulares y 343 de administraciones públicas), con un acumulado de más de 3.373 denuncias desde 2017. Desde la introducción del formulario telemático en 2019, se han recibido 966 comunicaciones anónimas.

Las actuaciones no siempre han afectado a edificaciones completas. El propio organismo subraya que una parte significativa de los derribos ejecutados a lo largo de estos años corresponde a demoliciones parciales, como porches, ampliaciones, habitaciones añadidas o construcciones auxiliares levantadas sin licencia en suelo rústico.

El patrón de ejecución se ha mantenido estable en el tiempo, con un elevado grado de cumplimiento voluntario por parte de los infractores. La mayor parte de las demoliciones se llevan a cabo antes de que sea necesaria la intervención directa de la Administración, bien durante la tramitación de los expedientes o dentro de los plazos fijados en las órdenes de restablecimiento, lo que ha permitido reducir de forma significativa el recurso a ejecuciones subsidiarias.

La actividad de demolición ha ido acompañada de una intensa labor sancionadora. Solo en 2024, la Agencia impuso 109 sanciones urbanísticas por un importe total de 3.511.665,78 euros, además de 100 multas coercitivas por incumplimiento de órdenes de demolición, que sumaron 404.434,01 euros. La recaudación efectiva acumulada desde los inicios de la agencia en 2009, cuando todavía era denominada Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca, supera los 14,7 millones de euros. Sin embargo, se trata de una cifra muy inferior a los 49,3 millones de euros en sanciones impuestas desde 2011. La ADT solo ha conseguido recaudar aproximadamente un 30% de dichas sanciones.

La memoria de 2024 también permite identificar tipologías de infracción recurrentes dentro de esta tendencia global. La edificación sin licencia continúa siendo la infracción más habitual, representando el 30,36% de los casos, seguida de las reformas o ampliaciones ilegales (25%) y de los usos residenciales no autorizados (16,07%). La memoria destaca además el peso específico de las piscinas ilegales, presentes como infracción principal o asociada en el 8,23% de los expedientes, así como la detección de infraviviendas, que suponen igualmente un 8,23% de las infracciones registradas durante el último ejercicio.

El caso de Manacor

La presión inspectora y sancionadora en 2024 fue muy desigual en el territorio. Algaida concentró el mayor volumen económico, con 746.994,57 euros en sanciones, seguida de Felanitx, con 623.751,85 euros, junto a 15 inspecciones, 11 procedimientos y ocho demoliciones ejecutadas. También destacan Pollença, con 364.481,11 euros, y Sencelles, con 361.410,48 euros en multas.

Frente a estos datos, el caso de Manacor resulta especialmente significativo. El municipio registró 20 inspecciones urbanísticas, una de las cifras más altas de la isla, sin que se impusiera ninguna sanción económica, pese a la incoación de tres procedimientos y la ejecución de dos demoliciones.

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