Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”

Los delitos contra la ordenación del territorio prácticamente se han duplicado en Baleares en un año. Las diligencias abiertas en los juzgados de las islas por este tipo de hecho delictivo se han incrementado un 91,7% en 2024, respecto a 2023, según los datos de la memoria de la fiscalía de Baleares de 2025.

Así, el número de delitos denunciados el año pasado e investigados en diligencias previas en los juzgados de instrucción del archipiélago ascienden a 23, mientras que en 2023 se incoaron doce diligencias previas por delitos contra la ordenación del territorio.

El abogado penalista Víctor Soriano destaca dos problemas muy graves en Baleares en este aspecto. “Por un lado, por parte de los propietarios existe una sensación de impunidad frente al delito, porque piensan que cualquier irregularidad urbanística se saldará con una multa y que podrán legalizar la construcción”, subraya el letrado. “Incluso esto se da en propietarios que realizan obras de mucha entidad en propiedades millonarias casi siempre de perfil extranjero y de muy alto poder adquisitivo. Esto está muy extendido en las islas y, además, choca con el urbanismo más restrictivo de España, por lo que es un cóctel explosivo”, añade.

Cuestiones administrativas

Mientras, por otro lado, “la fiscalía especializada en medio ambiente de Baleares empuja cualquier irregularidad urbanística a la vía penal aunque sean cuestiones menores que corresponderían a la vía administrativa”, advierte Víctor Soriano.

“Una reforma menor, la construcción de una pérgola o cosas similares, son cuestiones que la ley deja para los consells insulares y su potestad sancionadora. No deberían dar lugar a procedimientos penales y es algo que no sucede en ningún otro lugar de España, pero en Baleares sí porque hay una fiscalía ociosa que ve delito en cualquier irregularidad urbanística”, critica el abogado penalista.

Durante 2024, en la fiscalía superior de Baleares, con sede en Palma, se han incoado siete diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. De ellas, se presentaron dos denuncias por este tipo delictivo. En 2023 se dictaron en las islas cinco sentencias por delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo, todas ellas condenatorias.

Respecto a las órdenes de derribo de obras ilegales, la fiscalía señala en su memoria de 2025 que se ha tenido constancia de la ejecución de una demolición definitiva. Según el informe del ministerio público, se han realizado las oportunas comprobaciones por parte del grupo del Seprona de la Guardia Civil y de los ayuntamientos a fin de constatar que las demoliciones se lleven a efecto en los términos establecidos en la sentencia y en la Ley. Por otro lado, en otros casos no se ha podido llevar a cabo la demolición por haberse dictado decreto del Ayuntamiento correspondiente de la localidad, legalizando la construcción, tras realizar supuestamente las modificaciones pertinentes.

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