El Govern inyecta 52 millones en Dependencia y refuerza la red de valoradores para agilizar las listas de espera

La atención a la dependencia en las Islas Baleares inicia una etapa de transformación largamente demandada. La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia asegurad que ha concretado una estrategia integral que ataca simultáneamente los dos grandes problemas del sistema: la infrafinanciación de las plazas públicas y el colapso de las listas de espera. A través de la firma de 43 convenios con administraciones locales y la puesta en marcha de un plan de choque formativo, el Govern busca blindar el bienestar de los ciudadanos más vulnerables y de las familias que asumen su cuidado.

El anuncio más relevante en términos presupuestarios es la firma de convenios para el periodo 2025-2027, que aseguran una inversión total de 52,3 millones de euros. Estos acuerdos afectan directamente a 37 entidades, entre las que se encuentran el Consell de Mallorca, el de Formentera, la Mancomunitat del Pla y una treintena de ayuntamientos de todo el archipiélago. El objetivo es "sostener y mejorar" 1.169 plazas, de las cuales 757 corresponden a estancias diurnas y 412 a plazas residenciales, según ha señalado el Ejecutvo balear en nota de prensa.

Lo que dota de carácter "histórico" -según se califica en el escrito- a estos convenios es la revisión al precio que la administración paga por cada plaza. En el caso de los centros de día, los precios se mantenían congelados desde el año 2013, una situación que "ponía en serio riesgo la viabilidad de muchos servicios locales ante el aumento del coste de la vida y de los suministros". Con la nueva actualización, el precio por plaza de centro de día experimentará un incremento del 21% de forma escalonada hasta 2027. Por su parte, las plazas de residencia verán aumentada su financiación en un 28% respecto a la última revisión parcial de 2022.

Como subraya María Castro, directora general de Atención a la Dependencia y las Personas con Discapacidad, el aumento de la financiación repercute directamente en la calidad del servicio. Una plaza mejor dotada "permite contar con mejores recursos materiales y garantiza la sostenibilidad de los centros públicos gestionados por los ayuntamientos, que hasta ahora se veían obligados a realizar esfuerzos presupuestarios extraordinarios para cubrir el déficit de financiación autonómica".

El valor de los fines de semana

Más allá de las plazas convencionales de lunes a viernes, la Conselleria ha puesto énfasis en una modalidad de atención que responde a una realidad social a menudo invisible: el agotamiento de los cuidadores familiares. Se han firmado seis convenios específicos para habilitar 123 plazas de fin de semana en centros de día. Municipios como Sant Lluís, Capdepera, Sant Llorenç, Son Servera y Campos, junto a la Mancomunitat del Pla, serán los nodos de este servicio.

Este incremento de 46 plazas respecto al año anterior busca ofrecer un "respiro" real a quienes cuidan de personas dependientes en sus domicilios. El servicio de acogida en sábados y festivos permite que las familias puedan descansar o atender otras responsabilidades, sabiendo que sus seres queridos están en un entorno profesional y seguro. Para el trienio que comienza, esta línea de actuación contará con una inversión superior a los 1,2 millones de euros, "una cifra que triplica los recursos destinados anteriormente a este fin específico".

Plan de choque contra el laberinto de la espera

Sin embargo, de nada sirve una red de plazas bien financiada si los ciudadanos no pueden acceder a ella por la lentitud de los trámites administrativos. Para solventar este problema, el Govern ha ejecutado una fase de formación y habilitación de nuevos técnicos de valoración. Recientemente, 89 profesionales con titulación universitaria sociosanitaria han obtenido su acreditación en Mallorca y Menorca tras superar cursos de formación de alta intensidad.

En Menorca, 24 nuevos técnicos han recibido su habilitación en el Museu de Menorca en Maó, mientras que en Mallorca otros 65 profesionales se han incorporado a la red. Estos técnicos serán los encargados de aplicar el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) y de diseñar el Programa Individual de Atención (PIA), el documento fundamental donde se estipula qué ayuda específica recibe cada persona.

Con este refuerzo humano, la administración autonómica "espera reducir de manera drástica los tiempos de espera que actualmente separan la solicitud de la ayuda de la recepción efectiva del servicio". La meta es clara: dotar al sistema de una capacidad operativa que permita "una respuesta ágil y cercana", eliminando la angustia de las familias que, en muchos casos, han tenido que esperar meses para obtener un grado de dependencia reconocido.

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