El Supremo rechaza por segunda vez parar el reparto de menores migrantes a Baleares

El proceso judicial iniciado por el Govern para evitar que migrantes menores que están en otras comunidades sean trasladados a Baleares, tal como ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez, no está teniendo los resultados esperados. El Supremo ha vuelto a rechazar, por segunda vez, la paralización cautelar de esta ley, es decir, que no se aplicara de inmediato. Si la primera vez el tribunal se pronunció sobre el reparto de los chicos que están hacinados en Canarias, esta segunda vez se refiere a los migrantes que están en la misma situación, pero atendidos por las autoridades de la comunidad de Ceuta. Los jueces no consideran necesario la paralización del reparto, pero sí entienden necesario un análisis jurídico profundo sobre el fondo de la polémica, es decir, sobre el polémico decreto ley impulsado por el Gobierno de Madrid.

Desde que se anunciara este reparto obligatorio (aunque no a todas las comunidades autónomas), el Govern mostró su oposición. Defendió que Baleares se había convertido en una ruta migratoria consolidada y que ya no disponía de más medios, ni de más espacio, para recibir a otros menores que habían sido atendidos en otras comunidades autónomas. El Ejecutivo de Marga Prohens contó con un informe jurídico del Consultiu, que avalaba su derecho a recurrir este decreto ley.

Esta demanda que se estudia ante el Tribunal Supremo está en plena fase de tramitación. Y antes de entrar en el fondo del asunto, el Govern reclamó una suspensión cautelar de dicho reparto. Alegó que el sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros ya había sobrepasado su capacidad. Es decir, ni se disponía de espacio, ni de personal adecuado para atender a estas chicos, sin olvidar que la llegada de pateras a las islas, con menores a bordo, eran constantes. En estos momentos los consells insulares de las cuatro islas se han hecho cargo de casi 800 menores, lo que provoca que los servicios estén desbordados, al margen del esfuerzo económico que supone esta atención.

Esta segunda resolución, dictada en contra de los intereses del Govern, se refería únicamente al reparto de menores que fueron interceptados en Ceuta. Sobre esta decisión, el Ejecutivo balear se ha enfrentado al gobierno ceutí, que sí defendía el traslado de estos chicos a las islas.

El argumento jurídico que defendió el Govern para pedir la paralización del reparto es que “de no acordarse la medida cautelar se provocarán graves perjuicios a estos menores al no poder atenderles adecuadamente, porque no existe capacidad para ello”. Sobre los medios disponibles se insistió en “que la capacidad de acogimiento es limitada”, entregando al tribunal un informe detallado del número de menores atendidos, de los recursos disponibles y el porcentaje de capacidad asignada a Baleares en relación con el resto de España. Por lo tanto, a juicio de la abogacía de la comunidad autónoma, si estos traslados se produjeran tal y como impone el Gobierno, lo más perjudicados serían los menores, ya que no hay medios suficientes para atenderles como merecen.

Ninguna de estos argumentos ha convencido a los magistrados, que recuerdan una vez más que el principal interés que se persigue siempre es el de proteger al menor.

La resolución recuerda que Baleares “no tiene declarada una situación de contingencia migratoria extraordinaria”, como si la tienen Canarias, Ceuta y Melilla. Y el interés superior hacia el menor “ampararía un eventual traslado de menores a Baleares”. En este sentido, los jueces recuerdan que el decreto ley impugnado “no acuerda traslados, sino que calcula la capacidad ordinaria de la comunidad autónoma en el sistema de protección y tutela de menores extranjeros”. Es decir, con esta petición el Govern ha pretendido impugnar el traslado, cuando en realidad es el decreto ley el que establece el sistema de reparto de estos menores.

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