El Govern del Pacto pagó cuatro veces más por los test Covid que otras comunidades, según una auditoría

La empresa auditora que fue contratada por el IbSalut para que analizara todos los contratos sanitarios, firmados por el anterior Govern del Pacto durante la pandemia sanitaria, descarta cualquier sombra de malversación, pero si detecta graves errores en la tramitación administrativa de los contrato y, en algún caso, incluso un excesivo sobrecoste de algún producto sanitario adquirido. El sobreprecio más llamativo se abonó en las pruebas de detección de la infección. Salut llegó a pagar hasta 24 euros por unidad, mientras que otras comunidades obtuvieron el mismo producto por apenas 6 euros, o incluso a menor precio.

Este informe se realizó a raíz de la aparición del escándalo de la trama Koldo, que salpicó al Govern de Armengol. El Pacto adquirió una partida elevada de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión en el momento más crítico de la pandemia. Se aplicó la fórmula de contratación de emergencia, que permitía al Govern prescindir de un expediente de tramitación y comprar directamente a la empresa suministradora. Se compró material por valor de 3,6 millones de euros, con la circunstancia de que las mascarillas eran inservibles. El Govern, no solo no devolvió el material defectuoso, sino que tampoco reclamó la devolución del dinero.

A raíz de este escándalo, la actual dirección del IbSalut tomó la decisión de revisar todos los contratos que se tramitaron por vía de urgencia y encargó esta labor a la empresa Netadia, que en sus conclusiones no detecta ningún desvío sospechoso de fondos, pero sí numerosas irregularidades administrativas en los procedimientos adoptados por vía de urgencia, para adquirir material sanitario para hacer frente a la Covid.

El auditor ha analizado un total de 60 contratos de compra que se inician en el 2020, en la fase más crítica de la pandemia, pero que se continúan hasta el 2022. Para contextualizar el análisis, el técnico ha tenido en cuenta la dificultad del momento y el interés de todas las administraciones para obtener material sanitario, que era muy escaso en el mercado. El Govern se gastó hasta 106 millones en la compra de “guantes de nitrilo, mascarillas quirúrgicas, trajes de protección buzos, test rápidos y mascarillas”.

En el análisis sí se detectan graves casos de incumplimientos administrativos en estos contratos realizados por vía de urgencia. El informe relata paso por paso las obligaciones que se deben cumplir para justificar estas compras. Por ejemplo, debe existir una necesidad de contratar y se deben adoptar mecanismos para prevenir los conflictos de intereses. La administración que contrata debe realizar un estudio previo sobre el encargo y después está obligada a publicar la orden y justificar la operación. En la administración no existe el encargo verbal y, por lo tanto, se debe formalizar un documento, habitualmente un contrato, que explique las características de la compra. La administración está obliga a vigilar que se cumpla el contrato, a la vez que al recibir los productos debe comprar que responden al encargo realizado.

Analizando los 60 contratos, el auditor señala que estas compras de urgencia están justificadas por la situación de emergencia. Sin embargo, se ha detectado que se realizaba antes el expediente de compra antes del informe técnico que justificara esta operación. Y, salvo excepciones, “no hay constancia del contrato o en cuyo caso documento que precise prestación de las actuaciones y su alcance”.

Para los analistas económicos, lo más grave de los incumplimientos administrativos que se realizó en la anterior etapa del Govern es que en el expediente no aparece “ningún acta de recepción del suministro que certifica la correcta de las actuaciones”. Es decir, no aparece firma alguna de un responsable de la administración que confirme que el material sanitario recibido coincide con el encargo realizado a la empresa suministradora.

Y esta falta de comprobación del material recibido ha supuesto un obstáculo para los auditores, sobre todo para valorar si el precio de lo adquirido estaba dentro del valor del mercado o, en cambio, el Govern pagó más de la cuenta por dicho material sanitario. Los auditores han utilizado como referencia otros informes de fiscalización realizados por técnicos de la administración del Estado,

El auditor ha analizado el precio de cada producto sanitario adquirido. Así, el Ejecutivo anterior gastó algo más de 11 millones de euros en la compra de mascarillas quirúrgicas. En plena fase de la pandemia era un material imprescindible para que lo usaran los sanitarios que atendían a los pacientes infectados. Este material, en la fase más crítica de la crisis, alcanzó casi un precio de 0.70 euros por cada mascarilla, cuando antes era mucho más barata. El Govern pagó las mascarillas un precio casi similar al que abonaron otras comunidades autónomas.

La compra de mascarillas FFP2 también supuso un gran esfuerzo económico para el Govern, que se gastó 5,6 millones de euros por este producto. Era el producto más buscado por las administraciones sanitarias y las empresas suministradoras se aprovecharon de ello para inflar los precios. En el informe se describe, por ejemplo, que en el mes de marzo de 2020, que es cuando se declara el confinamiento, el Govern adquirió estas mascarillas por 2,36 euros por unidad, cuando otras comunidades autonómicas llegaron a pagar hasta 3,75 euros. Sin embargo, al mes siguiente Baleares sí pagó las mascarillas más caras que el resto, a 2,83 por unidad. Según el auditor, esta circunstancia se debe a que se elevaron los precios, en función del exceso de demanda de un producto escaso.

En cuanto a la compra de test rápidos para detectar la infección el Govern balear sí pagó por cada uno de ellos mucho más que lo que abonaron el resto de comunidades autónomas. De hecho, se llegó a pagar hasta cuatro veces más. Se gastaron hasta 6,2 millones de euros y al inicio del confinamiento se pagó hasta 24 euros por cada test, cuando otras comunidades abonaron no más de seis euros. El auditor no aprecia ninguna malversación sobre la compra de este material e incluso llega a justificar la “diferencia significativa de precios” en el momento de las compras, que en este caso se realizaron en los primeros meses de la crisis sanitaria y “donde las condiciones eran del todo anormales para todos los operadores”.

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