El CSIF se queja de la implantación de la Ley de Eficiencia en Palma: “El Ministerio ha desmantelado los juzgados una semana antes”

El sindicato CSIF se ha quejado de la implantación de la Ley de Eficiencia en Palma, que supondrá la desaparición de los juzgados unipersonales y su transformación en el tribunal de instancia con una única oficina judicial a partir del próximo 31 de diciembre. “El Ministerio ha desmantelado los juzgados una semana antes”, critica Pablo Rodríguez, representante del CSIF en Baleares.

“La Justicia se va a organizar con servicios comunes y todos los funcionarios pasamos a otros destinos. Algunos no sabemos cuál será nuestro puesto de trabajo y cuál será nuestra función”, lamenta Rodríguez, a las puertas de la sede judicial de sa Gerreria.

Tanto el edificio de Vía Alemania como el de sa Gerreria llevan varios días en plena mudanza. Las cajas se acumulan en las dependencias. “Nosotros prestamos un servicio público y ahora mismo no se está prestando”, recalca el portavoz del CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

“Todo esto va a provocar un retraso mayor en la Justicia y una ola de incidentes de nulidad de actuaciones”, subraya el delegado sindical del CSIF en sa Gerreria, José Antonio Muñoz.

“Con toda la mudanza, los funcionarios llevan varias semanas trabajando metiendo los expedientes en cajas. Estos días están viniendo funcionarios que están de vacaciones para recoger sus cosas y ver dónde está su mesa de trabajo. Están buscando su mesa, que tiene un post it con su nombre”, detalla Muñoz.

El CSIF solicitó una prórroga de seis meses para implementar de forma ordenada y sistemática este proceso, pero el Ministerio de Justicia ignoró esta petición. Los jueces decanos del país y letrados de la Administración de Justicia también reclamaron sin éxito retrasar la puesta en marcha de los tribunales de instancia.

Presupuesto ‘cero’

“Se está imponiendo a la fuerza esta ley con cero de presupuesto. Ya no hay marcha atrás”, destaca el delegado sindical. La mudanza y la reorganización interna que conlleva la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia en su tercera y última fase de implantación afecta a más de mil funcionarios de las islas. A partir del próximo 31 de diciembre empezarán a funcionar los tribunales de instancia de Palma, Ibiza, Mahón y Ciudadela, según establece la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En Inca y Manacor, estos tribunales ya arrancaron el pasado 1 de octubre durante la segunda fase de la Ley de Eficiencia.

“Todos los órganos judiciales están afectados”, sintetiza Muñoz. “La sede de sa Gerreria es donde hay más incidencia, el edificio es más grande”, añade. “En Inca y Manacor hubo problemas, pero no se han corregido”, puntualiza.

Con esta reforma judicial, que algunos califican como la mayor de la Administración de Justicia en cuarenta años, “todo va a cambiar”, insisten desde el CSIF. “El ciudadano se enfrenta a una situación compleja, tendrá problemas para encontrar su expediente”, alerta el sindicato.

El mes de enero se prevé difícil. “El inicio va a ser muy complicado. La Administración de Justicia se va a resentir. Inca y Manacor siguen arrastrando problemas. Las previsiones son de seis meses de rodaje, pero yo creo que es insuficiente. Hay falta de personal”, advierte el delegado sindical José Antonio Muñoz.

“Baleares se ha adelantado a la mudanza. Las fechas se van a cumplir por todo el esfuerzo que han hecho los funcionarios. Aquí, en sa Gerreria llevan días con el carrito y utilizando el montacargas para hacer el traslado de las cajas”, señala Muñoz. “Algunos incluso han pagado de su bolsillo la cinta aislante para precintar las cajas”, concluye Pablo Rodríguez. La inquietud reina en sa Gerreria y Vía Alemania, dos sedes ahora desangeladas. Un funcionario lleva tres días buscando cuál va a ser su nuevo puesto de trabajo. De momento, nadie le ha dado respuesta.

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