El transporte balear y el Govern hacen frente común para frenar a Uber en Mallorca

Las patronales del transporte de Mallorca, tanto Taxis-PIMEM como la Federación Empresarial Balear del Transporte adscrita a CAEB, se han aliado con el Govern para buscar fórmulas destinadas a evitar la expansión de Uber en la isla, después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) haya exigido a este último que vuelva a tramitar las 600 licencias de vehículos de alquiler con conductor que el anterior Ejecutivo del Pacto había denegado a la empresa Moove Cars, cuyos vehículos circulan bajo el paraguas de la citada plataforma digital.

El presidente dicha asociación de taxistas, Gabriel Moragues, destaca que la conselleria de Movilidad está manteniendo contactos con las diferentes organizaciones de transportistas del archipiélago para analizar el recurso que se va a presentar contra la citada sentencia del TSJB, pero también para plantear posibles cambios legales con el fin de hacer más difícil la expansión de esa flota alegando el impacto que puede tener en un territorio insular y, consecuentemente, limitado.

Colisión con Uber

«El cáncer es Uber y es el que generan los problemas», afirma Moragues, que acusa a esa empresa de «no buscar la convivencia con el resto del sector, sino que quiere arrasar con todo». Y pone de relieve el impacto que tendría en Mallorca si finalmente consigue 600 licencias más para que otros tantos coches de alquiler con conductor pasen a circular por Mallorca.

La gerente de la FEBT, Petra Mut, confirma que la Conselleria se ha puesto en contacto con los responsables de las asociaciones de taxistas y de VTC adscritas a esta federación para abordar el problema abierto por la sentencia del tribunal superior balear, y coincide con Moragues en que nada justifica que la flota de Uber se pueda incrementar con 600 coches más.

Mut deja muy claro que hay una enorme diferencia entre los VTC de las empresas de las islas, que se dedican a la touroperación, atendiendo a clientes de alta gama para que puedan disponer de un vehículo de lujo durante su estancia y sin entrar en competencia con los taxistas, frente a Uber, que en su opinión sí pretende actuar como un taxi pero sin estar sujeto a las condiciones que la Administración impone a estos últimos vehículos, como disponer de unas tarifas claras y de un taxímetro.

Según los datos de la Conselleria, en Mallorca hay actualmente unos 360 vehículos con licencia de VTC, y unos 750 en el conjunto del archipiélago, aunque desde la FEBT se reconoce que hay un número apreciable de estos coches con sede en Ibiza pero que operan en Mallorca por existir una mayor demanda. En cualquier caso, se pone en evidencia el impacto que supondría aumentar esta flota con unos 600 coches más, especialmente en un territorio insular, según se insiste desde las citadas patronales y desde el propio Govern.

Frente común

Ante esta situación, Moragues subraya que todas las patronales del transporte de la isla (incluye a la asociación de taxistas de la part forana) están manteniendo contactos con la Conselleria para plantear el recurso que desde la Administración autonómica se va a presentar contra la sentencia favorable a Moove Cars, e incluso posibles cambios en la legislación balear para evitar que queden huecos abiertos por el que se puedan colar nuevas autorizaciones en el futuro.

En este aspecto, el presidente de Taxis-PIMEM lamenta que hasta ahora solo se hayan puesto «parches» para hacer frente a este problema, y asegura que «se está jugando con fuego».

Por su parte, Mut recuerda que el Govern está a punto de aprobar un decreto que regula taxis y VTC, que supondrá delimitar más claramente la actividad de estos sectores.

Sin embargo, la sentencia del TSJB no solo obliga al Govern a tramitar las 600 licencias antes señaladas (no necesariamente a concederlas, según se insiste desde la conselleria de Movilidad), pero que debe de hacerse aplicando la legislación que había en abril de 2023, cuando las denegó el anterior Ejecutivo del Pacto aplicando una ratio de un VTC por cada 12,6 taxis, algo que el tribunal balear rechaza por sustentarse solo en motivos económicos.

Suscríbete para seguir leyendo