La Audiencia Nacional cita a Marc Pons como testigo en el caso hidrocarburos

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso hidrocarburos ha citado a declarar como testigo al exconseller balear y exjefe de gabinete en el Ministerio para la Transición Ecológica Marc Pons, según consta en una providencia del magistrado Santiago Pedraz a la que ha tenido acceso Europa Press. La comparecencia está fijada para el próximo 28 de enero.

Ese mismo día también declarará como testigo Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. En la misma providencia, el instructor vuelve a citar como investigado al empresario Claudio Rivas, considerado por los investigadores como el presunto líder de la trama vinculada a la operadora Villafuel. La citación de Marc Pons se enmarca así en la fase de toma de declaraciones del procedimiento, que continúa bajo instrucción en la Audiencia Nacional, sin que hasta el momento conste ninguna imputación a cargos políticos de Baleares.

Además, el juez ha convocado nuevamente como imputado al presunto conseguidor Víctor de Aldama para el 29 de enero y, un día después, a las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor González. El calendario de declaraciones incluye igualmente a varios testigos del ámbito energético y personas relacionadas con movimientos de efectivo recogidos en los informes policiales.

Fuentes del PSIB-PSOE subrayan que la citación de Marc Pons se produce “en calidad de testigo” y remarcan que “la realidad de los hechos es que nadie de las islas ha sido investigado en ninguna instancia judicial por ninguna de estas causas”. En este sentido, las mismas fuentes consideran que la comparecencia de Pons “desmiente una vez más los bulos, mentiras y acusaciones falsas vertidas reiteradamente por el PP” en relación con este procedimiento judicial.

Desde el PSIB añaden que esta citación es coherente con el contenido de los informes incorporados a la causa. Según apuntan, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que “no se produjo ningún trato de favor a esa empresa por parte de ningún ministerio”, y que la autorización administrativa cuestionada se tramitó “por la vía ordinaria y cuatro años después de la concesión que supuestamente se pretendía acelerar”.

La investigación del caso hidrocarburos se centra en una presunta organización criminal especializada en delitos contra la Hacienda Pública en el sector de los hidrocarburos, que, según la UCO, habría intentado influir en distintos ministerios para obtener autorizaciones administrativas a cambio de contraprestaciones económicas. Los investigadores sitúan el inicio de las presuntas actividades delictivas en 2020 y describen un complejo entramado societario orientado al fraude del IVA y al posterior blanqueo de capitales.

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