Un error de forma deja fuera al 37% de los aspirantes en el concurso-oposición del Servicio de Curatela

Lo que debía ser un proceso ordinario para la consolidación de empleo en la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia se ha transformado en un laberinto judicial y administrativo que amenaza con desmantelar equipos técnicos con años de experiencia. El epicentro del conflicto se sitúa en la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, específicamente en el Servicio de Curatela, donde la numerosa exclusión de profesionales por un "defecto de forma" en la entrega de méritos ha desatado una ola de indignación.

La controversia estalla tras la publicación de las puntuaciones del concurso-oposición (80% examen, 20% méritos). Según datos ofrecidos por la Conselleria, de las 260 personas que se presentaron al proceso, un total de 97 han sido penalizadas con un "cero" en el apartado de experiencia profesional. ¿El motivo? No haber adjuntado la vida laboral actualizada junto al certificado de servicios prestados, a pesar de que ambos documentos eran requeridos de forma obligatoria según las bases de la convocatoria.

Esta cifra —que representa casi al 40% de los candidatos— no es baladí. Entre los afectados se encuentran trabajadores que obtuvieron notas muy elevadas, pero que ahora se ven superados en la lista final por personas con menor bagaje profesional.

"Trabajamos aquí, tienen nuestros datos"

"Es una situación de una injusticia flagrante", explican trabajadores del Servicio de Curatela. Algunos explican que llevan siete años formando parte del equipo y afean que si "la propia Fundación nos paga cada mes, tienen nuestro certificado de empresa y controlan nuestro horario, nos dejen fuera por no adjuntar un documento que ellos mismos generan como empleadores. Es una falta total de voluntad política", valoran.

Los afectados denuncian que la plataforma de inscripción no facilitaba un espacio intuitivo para dicho documento y que, al intentar subsanar el error, la Administración se cerró en banda. "No nos permitieron alegar ni aportar la documentación a posteriori, alegando que el plazo de presentación de instancias había finalizado. Pero hemos consultado con juristas y, en procesos donde el volumen de errores es tan alto, la ley permite la subsanación para no vulnerar el derecho al acceso al empleo público", añaden los afectados.

La postura de la Conselleria: "Las bases eran claras"

Desde la Conselleria de Familias mantienen una postura técnica inflexible. Detallan que 97 personas de 260 no presentaron la vida laboral, pero insisten en que las bases fueron publicadas y no impugnadas en su momento. "El momento de impugnar las bases era cuando se publicaron, no cuando los aspirantes se ven fuera por un error propio", sostienen.

Atribuyen el error masivo a una posible confusión con el proceso de estabilización extraordinario anterior, donde no se exigía la vida laboral. Sin embargo, en esta Oferta Pública Ordinaria de 2025, el requisito era explícito. "Hay categorías en las el 100% de los candidatos presentó todo correctamente. No podemos cambiar las reglas del juego a mitad de partido porque perjudicaríamos a quienes sí cumplieron con los requisitos en tiempo y forma", argumentan desde la Administración.

"Fraude de ley"

El conflicto tiene un trasfondo laboral todavía más profundo. Y es que, según los denunciantes, muchos de los profesionales del Servicio de Curatela ya se encontraban en litigio con la Administración, con una demanda en curso por "fraude de ley" debido a la concatenación de contratos temporales que superan los tres años permitidos. Se encuentran a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Los afectados explican que la pérdida de estas plazas no solo supone un "drama personal", sino "un riesgo para la calidad del servicio público".

¿Hacia una impugnación masiva?

El colectivo de afectados ya se está organizando para elevar el caso a los tribunales contencioso-administrativos. Denuncian que la "opacidad" y la "falta de flexibilidad" del tribunal evaluador contrastan con otros procesos similares donde se ha permitido la subsanación de méritos. "No pedimos que nos regalen nada, pedimos que se valore el trabajo que llevamos haciendo años y que el sistema no nos expulse por un papel que ellos ya tienen en sus archivos", concluyen.

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