El Govern impugna el traslado de un menor migrante no acompañado desde Canarias
El ejecutivo balear alega falta de motivación, incumplimiento del procedimiento y saturación del sistema de protección de menores

Archivo - Pateras llegadas a Baleares almacenadas. / PP - Archivo

El Govern ha autorizado a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria contra la Resolución de 4 de diciembre de 2025 del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de Canarias por la que se acuerda el traslado y la reubicación de un menor extranjero no acompañado en Baleares.
Dicha resolución establece que los servicios de protección de la Comunidad Autónoma asuman la tutela y custodia del menor en aplicación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, y el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, relativos a la gestión de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Ambas normas han sido previamente impugnadas por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, con la autorización del Consell de Govern.
Resolución
Según la Abogacía, la Resolución del delegado del Gobierno no motiva adecuadamente la desestimación de las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma durante el período de audiencia. En este sentido, se advierte la vulneración del procedimiento establecido para el traslado y reubicación de menores, especialmente por la falta del acuerdo previo de la correspondiente conferencia sectorial.
Además, la resolución no tiene en cuenta el nivel de ocupación de los centros de atención especializada a menores extranjeros no acompañados en las islas ni la situación de emergencia migratoria que sufre la comunidad autónoma. Actualmente, el sistema de protección y tutela de Baleares atiende a un total de 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra muy superior a la capacidad ordinaria asignada.
En este contexto, el Govern también pone de manifiesto las deficiencias del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de cada comunidad autónoma y asigna a las islas una capacidad de 406 menores. Según la Abogacía, esta asignación se fundamenta en criterios insuficientemente justificados, con una aplicación opaca y arbitraria que genera desequilibrios territoriales y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
Tercera propuesta de traslado
Esta es la tercera propuesta de traslado de un menor extranjero no acompañado desde Canarias contra la que interpone recurso el Govern. En todos los casos, el Ejecutivo balear ha advertido de la falta de motivación de las resoluciones estatales, el incumplimiento del procedimiento establecido, en especial por la ausencia de acuerdo de la Conferencia Sectorial, así como la saturación del sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma y la vulneración del principio de solidaridad interterritorial.
Por estos motivos, el Consell de Govern considera procedente autorizar la interposición del recurso contencioso-administrativo, en defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma y con el objetivo de garantizar una aplicación rigurosa, transparente y respetuosa con las capacidades reales del sistema de protección de menores.
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