El Consell ultima los detalles para empezar a trasladar residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca en 2026
La institución insular trabaja para resolver los trámites pendientes y poder poner en marcha el proyecto cuanto antes
El PSIB y Més per Mallorca rechazan la iniciativa, mientras el GOB denuncia una medida ambientalmente insostenible y económicamente irresponsable

Acumulación de desechos en la planta de triaje de Ca na Putxa, en Ibiza. / DM

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha sus engranajes para que el traslado de residuos Ibiza y Formentera a Mallorca sea una realidad en 2026. El encaje legal que aportado por el decreto de proyectos estratégicos convalidado este martes en el Parlament permite a la institución insular abordar todos los trámites para que las Pitiusas puedan incinerar sus residuos en la isla el próximo año.
La intención manifiesta del Consell, tal y como señaló en septiembre su presidente, Llorenç Galmés, era que el traslado pudiera iniciarse entre finales de octubre y principios de noviembre de este año. En mayo, el Consell de Ibiza, el Consell de Mallorca y el Govern llegaron a un acuerdo para trasladar a Mallorca los residuos de Ibiza y Formentera que actualmente todavía se tratan en el vertedero de Ca na Putxa, una instalación cuya ya con poca vida útil. La idea en aquel momento era que, mediante una prueba piloto para testear el propio traslado y la logística de transporte (marítimo y terrestre) correspondiente, dichos residuos comenzaran a trasladarse a Mallorca una vez finalizara la pasada temporada turística.
Sin embargo, a finales de septiembre el traslado quedaba en el aire después de que Vox tumbara en el Parlament el decreto de proyectos estratégicos. Las desavenencias entre el Partido Popular y los de Abascal paralizaron y retrasaron todavía más la iniciativa del Consell. En sentido opuesto, el vicepresidente insular Pedro Bestard, miembro del partido de ultraderecha, no dudaba en asegurar tras el revés sufrido en la Cámara autonómica que "los residuos se trasladarán de Ibiza a Mallorca, no renunciamos a este propósito: Le digo que se hará, punto".
No ha sido hasta principios de diciembre cuando ambos partidos han logrado encontrar un punto de acuerdo para sacar adelante el decreto que permitirá el encaje legal del traslado de residuos a Mallorca. Vox ofreció finalmente su apoyo después de que el Govern eliminara la posibilidad de acelerar proyectos de energías renovables. Así, el decreto, tras pedirlo el PP y aceptarlo Vox y el PSIB, se tramitará como proyecto de ley.
Últimos detalles
En el Consell llevan tiempo trabajando en todo el papeleo que se requiere para poner en marcha esta iniciativa. Pese a las dificultades para que el plan piloto se haga efectivo, en la institución insular han estado ultimando todos los detalles en la sombra con la seguridad de que los traslados serían finalmente una realidad.
Así, uno de los primeros temas que pretende formalizar el Consell es el convenio con Ibiza para traer sus residuos a Mallorca. Las instituciones insulares trabajan para rematar el acuerdo lo antes posible y fijar las condiciones y la fórmula para que los traslados puedan hacerse efectivos.
Paralelamente, tal y como establece el decreto de proyectos estratégicos, el Consell deberá solicitar al Govern de Marga Prohens una subvención de 50 millones de euros como contraprestación por prestarse a incinerar los residuos en la isla. El Ejecutivo autonómico abonará dicha cantidad en diez años.
Además, según han señalado fuentes de la institución insular, están ultimando la fórmula para reducir en un 10% la tarifa de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y paliar los efectos del 'basurazo'. Las miasmas fuentes apuntan que todavía se está preparando el cálculo de esta nueva tarifa.
Rechazo de la oposición
El PSIB y Més per Mallorca rechazan de plano el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca. Ambos partidos consideran que el Consell de Ibiza "debería haber hecho su trabajo" y critican que uno de los hornos de Tirme "que se podía cerrar ahora tendrá que mantenerse abierto".
Catalina Cladera, portavoz de los socialistas en el Consell, exige conocer en qué condiciones se efectuarán los traslados y los recursos que se destinarán para su correcto funcionamiento: "El señor Galmés está dispuesto a vender Mallorca a cualquier precio. Los traslados deben hacerse en una cantidad mínima y con garantías medioambientales, tanto en temas de incineración como en temas de movilidad". La socialista también carga contra la institución insular ibicenca exigiendo que "hagan los deberes y minimicen la cantidades de residuos que vendrán".
Por su parte, Catalina Inés Perelló, portavoz de los ecosoberanistas, manifiesta la oposición de su partido "por temas medioambientales, técnicos y de capacidad". Desde Més consideran que "es una voluntad política" para tapar que "Ibiza debería haber hecho su trabajo: "No puede ser que como solución inmediata recibamos residuos de otros. Han temido que buscar un decreto ley pata justificarlo". Perelló, además, también ha cuestionado el pago de 50M como contraprestación por el traslado, señalando que el dinero sale de un fondo público para entrar en otro: "Si salen del Govern también contribuimos".
El GOB se pronuncia sobre el traslado
El GOB ha manifestado su rechazo a la aprobación del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca, una medida que consideran ambientalmente insostenible, socialmente injusta y económicamente irresponsable. A su juicio, la decisión no resuelve los problemas de fondo de la gestión de residuos y se limita a trasladar los impactos de una isla a otra.
Según denuncian, el decreto consolida un modelo basado en el transporte y la incineración de residuos, en detrimento de políticas centradas en la reducción, la reutilización y el reciclaje. Además, advierten de que esta apuesta supone un retroceso respecto a la jerarquía de gestión de residuos marcada por la normativa europea.
Las críticas se extienden también al coste económico de la medida, con una inversión prevista de 50 millones de euros durante hasta diez años para una solución que el propio Govern define como temporal. Los colectivos alertan igualmente de los impactos ambientales y sobre la salud pública asociados al transporte interinsular de residuos y su incineración, como el aumento de emisiones contaminantes y la generación de cenizas tóxicas.
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