El traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca ya tiene encaje legal

El traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca ya tiene encaje legal después de que PP y Vox hayan votado hoy a favor de convalidar en el Parlament el decreto de aceleración de proyectos estratégicos. Una normativa que inicialmente tumbaron los de Abascal y que finalmente han apoyado después de que el Govern haya eliminado la posibilidad de acelerar proyectos de energías renovables. El decreto, tras pedirlo el PP y aceptarlo Vox y el PSIB, se tramitará ahora como proyecto de ley.

Así, el dectreto otorgará cobertura legal al acuerdo alcanzado entre los consells insulares y el Govern para trasladar residuos de Ibiza a Mallorca de forma temporal, que se podrá comenzar de forma inmediata y legal. Este pacto fue adoptado ante la finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa y permite que los consells de Ibiza y Mallorca acuerden las eventuales condiciones del traslado de residuos. Antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa, reza el texto, se prevé realizar una prueba piloto. A cambio de recibir y tratar los residuos que hasta ahora iban a Ca na Putxa, el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50 millones de euros del Govern distribuidos temporalmente en diez anualidades.

Proyectos estratégicos

El texto convalidado, en líneas generales, también permite la creación de la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) para agilizar, simplificar y acompañar a este tipo de proyectos públicos y privados. Paralelamente, se regulará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que actuará como unidad técnica de apoyo para impulsar, apoyar y acompañar PEIE privados.

Un proyecto privado podrá ser PEIE por dos vías. Por un lado, por cumplir con unos criterios de inversión mínima según el sector al que se dirija (0,5 millones en proyectos agrarios; tres millones en sectores de innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua, o diez millones en cualquier otro sector) o con unos criterios de creación de empleo estable (20 o más puestos de trabajo a jornada completa anual, diez o más en sectores o zonas con difícil cobertura, cinco o más en proyectos agrarios, o el mantenimiento de 25 o más puestos en riesgo).

A cambio, los PEIE tendrán tramitación preferente y simplificación administrativa, con una reducción de los plazos hasta la mitad en muchos casos, y un acceso prioritario a financiación y subvenciones.En cuanto al sector público, se eliminará la caducidad de la declaración PEIE a los dos años. El ámbito de aplicación se extenderá a todo el sector público autonómico e insular, incluyendo entidades como las fundaciones.

Además de los municipios de Palma e Ibiza, que mantienen y simplifican sus declaraciones, el resto de las entidades locales podrán solicitar la declaración de PEIE para inversiones en el ciclo del agua, eficiencia energética o tratamiento de residuos. La Administración General del Estado podrá solicitar la declaración a través de la conselleria competente.

"Un cambio profundo"

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha sido el encargado de defender un texto que ha considerado que supondrá "un cambio profundo en la manera en la que la administración entiende y gestiona los proyectos estratégicos" y permitirá avanzar en "la transformación del modelo económico". "Por primera vez tendremos un marco normativo único, coherente y claro que sustituye una regulación dispersa y muchas veces confusa, marca unas reglas del juego previsibles tanto para el sector público como el privado", ha explicado.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha congratulado por haber eliminado "el caballo de Troya de la Agenda 2030" y haber conseguir "una depuración radical" de un texto que, a su parecer, "solo buscaba favorecer a las energías renovables". "Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares", ha afirmado.

Críticas de la izquierda

En contra del decreto se han posicionado todos los grupos de izquierda. El diputado socialista Llorenç Pou ha afeado al Govern que haya accedido a eliminar todas las medidas medioambientales que contemplaba la primera versión del texto. "Siempre tiran su línea roja atrás, atrás y atrás", ha criticado. También ha considerado algo propio de "iluminatis" pensar que con un solo decreto conseguirán "transformar el modelo económico".

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha reprochado a Costa su "incapacidad negociadora" por haber cedido a las demandas de Vox y se ha mostrado escéptico acerca de los beneficios del decreto. "No sabemos cuáles son las inversiones que se quieren atraer", ha dicho el ecosoberanista. También ha afeado al Govern su "pereza" a la hora de legislar por apostar por la vía del decreto pese a que las normativas no son urgentes.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha considerado que lo que defiende el decreto es "un modelo muy anticuado, el de 'Bienvenido, Mister Marshall', de que vengan de fuera con muchos millones a invertir en Baleares" mientras discrimina a los proyectos pequeños y locales. El diputado por Unidas Podemos, José María García, ha afeado al Govern que haya accedido a pasar el decreto "por el filtro del negacionismo climático y energético de la ultraderecha".

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