La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: "Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años"

La comunidad educativa de Baleares, encabezada por los profesionales de los Equips d'Atenció Primerenca (EAP) y diversas asociaciones de familias, ha manifestado una "grave preocupación" ante el borrador de resolución presentado por la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades.

La propuesta, que establece las nuevas instrucciones sobre el horario de los profesionales de los EAP, se implementaría a partir del curso 2026-2027 y, según sus críticos, "pone en riesgo directo la detección precoz, la evaluación y el acompañamiento de los niños de 0 a 3 años con dificultades en el desarrollo", así como el apoyo esencial que se ofrece a sus familias y a las escoletes. Los diferentes colectivos denunciantes señalan que el cambio normativo desprotege a los menores y a sus progenitores al limitar los márgenes de tiempo y la disponibilidad necesarios para conciliar la vida familiar y laboral, obstaculizando una atención adecuada.

El centro del conflicto reside en que -dicen- el borrador de horario "pone en riesgo el modelo pedagógico" de los EAP de Baleares, "un referente creado en 2021 que nació del consenso entre expertos, profesionales y familias", y que articula su labor en cuatro ejes fundamentales: prevención, detección, evaluación y apoyo. Para los profesionales, el éxito de este modelo —que es "inclusivo y se centra en las necesidades específicas de la primera infancia"— depende de contar con un "tiempo estable semanal de calidad" para la reflexión conjunta, la supervisión de casos complejos, la coordinación interdisciplinar y la preparación de propuestas comunitarias.

Un servicio convertido en "low cost"

La principal crítica operativa al borrador es que elimina de facto estos espacios semanales de coordinación, ya que establece la obligación de 25 horas lectivas y 4 horas complementarias de permanencia a la semana en los centros educativos y/o la sede, sumando un total de 29 horas de presencia obligatoria. De estas, 25 son lectivas y se distribuyen en cinco horas diarias de atención directa o indirecta a los centros. Este reparto horario obliga a dedicar casi la totalidad del tiempo a la presencia física, sin dejar espacio para la planificación, la coordinación, la formación o la revisión interna, dinámicas que los equipos consideran imprescindibles para garantizar la calidad de la atención a los niños y familias.

De hecho, el borrador restringe las tareas internas —incluyendo la cogestión de casos complejos, la formación y el apoyo a profesionales noveles— a un único espacio de cinco horas cada quince días. Los equipos han alertado de que esto convierte a un servicio especializado y preventivo en un dispositivo "reactivo", "reducido" y "low cost", que pierde "su solidez profesional y debilita la capacidad de respuesta".

El gran obstáculo para las familias

El impacto directo más palpable -lamentan- se produce en la relación con las familias. El modelo pedagógico de los EAP reconoce a estas como coprotagonistas del proceso, lo que requiere -especifican- un acompañamiento cercano, "basado en la escucha, la confianza, la flexibilidad y el respeto emocional". Detallan que los profesionales requieren tiempo para realizar entrevistas, seguimientos y orientaciones que se adapten a la realidad familiar y laboral y que el nuevo horario, con sus cinco horas lectivas diarias obligatorias en los centros, hace que las reuniones con las familias sean "prácticamente imposibles" de llevar a cabo.

Esta rigidez también perjudica el asesoramiento a los tutores, que -apuntan- son los responsables de la inclusión, y pone en riesgo el desarrollo de "propuestas comunitarias" como los talleres familiares o espacios de juego, "esenciales para dar respuesta a los problemas de crianza cada vez más evidentes".

Falta de recursos

A las objeciones pedagógicas y operativas se suma un contundente análisis técnico que cuestiona la legalidad de la propuesta. El documento de análisis jurídico al que ha podido acceder este diario argumenta que las instrucciones de la Dirección General suponen una "vulneración del principio de jerarquía normativa".

Y es que, aunque el borrador de resolución justifica la modificación horaria en un acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación de junio de 2025 que reduce la jornada a 35 horas, y alega que esto deja sin efecto el artículo 51.1 de la Orden 4/2023 , el análisis técnico es tajante: las instrucciones son "actos administrativos internos de rango inferior" que no tienen capacidad para derogar una Orden, que es una norma reglamentaria. Por lo tanto, el artículo 51.1 de la Orden 4/2023, que establece la jornada de 37.5 horas y regula las funciones, "continúa vigente".

La controversia normativa se intensifica con la introducción de la nueva figura de "horas lectivas de coordinación", una categoría que no tiene "cobertura normativa" en ninguna disposición superior y que contradice la clasificación de horas lectivas (intervención directa) y no lectivas complementarias (coordinación interna) ya definida en la normativa vigente, especifican.

Finalmente, la polémica se enmarca en un contexto de recursos insuficientes. A pesar de que la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil ha aumentado la demanda y la matriculación, y de que se observa un incremento en los trastornos del desarrollo en la población infantil, la plantilla de los EAP no se ha aumentado -denuncian- de forma proporcional. De hecho, dicen que el servicio ha sufrido una reducción de personal en proporción a los niños escolarizados: de una ratio de un profesional por cada 100 niños en 2020, se ha pasado a una proporción de uno por cada 109 en la actualidad.

Por todo ello, critican que el borrador, en lugar de aportar más atención, se limita a "fragmentar y debilitar" la ya existente. Los 127 profesionales de los EAP de Baleares, junto con la Plataforma 0-3 Menorca, asociaciones como TEA, TDAH y Síndrome de Down, y las principales federaciones de familias de las islas (COAPA: FAPMA, FAFA y FAPA), exigen a la Conselleria que se garantice la seguridad jurídica, que se mantenga vivo el modelo pedagógico y que se refuercen los recursos para proteger la atención educativa de calidad para la primera infancia de la comunidad autónoma.

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