Promotores inmobiliarios de Mallorca: «En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables estratégicos»

«En esta legislatura no se verá ni una grúa en los suelos urbanizables que se quieren impulsar a través de los proyectos residenciales estratégicos (PRE)» del Govern debido a que las empresas promotoras han echado el freno a sus iniciativas en estos espacios tras el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por los grupos del PSOE, Sumar Més y Podemos en el Congreso de los Diputados contra la normativa aprobada por PP y Vox que busca impulsar y agilizar el desarrollo de esos suelos y que abre la puerta a la edificación de las áreas de transición calificadas todavía como suelo rústico.

Esa advertencia parte del presidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios (Proinba), Oscar Carreras, que subraya que las empresas no se juegan inversiones millonarias en un contexto de «inseguridad jurídica» generado por ese recurso, y recuerda que en los urbanizables, mayoritariamente en Palma, que se pretenden impulsar como PRE, está prevista la edificación de unas 20.000 viviendas, de las que alrededor de 12.000 deben de ser de precio limitado y de protección oficial.

Viabilidad del recurso

Carreras asegura que el sector no cree que el recurso vaya a provocar un rechazo del Constitucional a las medidas impulsadas por el Govern de Marga Prohens y respaldadas por PP y Vox, para empezar porque no se percibe una invasión de las competencias municipales, dado que se deja que sea cada Ayuntamiento el que decida si declara como proyectos residenciales estratégicos sus urbanizables.

En opinión de los promotores de las islas, el punto más débil de la nueva norma autonómica radica precisamente en una exigencia de Vox para apoyar estas medidas, y es el facilitar el desarrollo de las áreas de transición que todavía tienen la calificación de suelo rústico, algo a lo que Proinba se opuso en su momento, aunque Carreras se muestra convencido de que ningún promotor profesional querrá ejecutar un proyecto en esos espacios.

En cualquier caso, señala que la preocupación de las empresas no se centra solo en una futura decisión del Constitucional contraria a la ley balear, que se considera improbable, sino que ésta se amplía al comprobar la radicalidad con que otros partidos políticos, como PSIB y Més, atacan esa normativa, lo que lleva a considerar de que en el caso de hacerse con el Consolat de Mar en las próximas elecciones autonómicas (aunque es otra posibilidad que se considera lejana), paralizarían los proyectos que se hayan puesto en marcha.

Carreras señala que tumbar toda la ley es muy complejo, pero afirma que a la vista de experiencias anteriores, un nuevo Govern progresista lo que haría sería aprobar una moratoria para luego aplicar cambios en la norma que harían inviable el desarrollo de los proyectos residenciales estratégicos.

El presidente de Proinba insiste en que el sector ve como improbable tanto una decisión contraria a la legislación balear del Tribunal Constitucional como una victoria electoral de las fuerzas de izquierda, pero admite que cuando se habla de inversiones millonarias, como las que están en juego en este tema, no se quieren correr riesgos, de ahí que insista en que las empresas han decidido actuar con precaución y frenar el desarrollo de los proyectos que tienen previstos.

Tramitar sin obras

Oscar Carreras afirma que la estrategia adoptada es la de seguir la tramitación necesaria para la futura edificación de viviendas en los citados PRE, pero no iniciar ninguna obra hasta conocer la decisión definitiva del Constitucional y el resultado de las próximas elecciones autonómicas para comprobar que no hay un cambio de color político en el Govern (hay que recordar que PP y Vox sustentan las medidas que la oposición rechaza), eliminando así cualquier riesgo futuro.

Es por ello que el presidente de Proinba da como seguro que no se van a ver grúas durante la actual legislatura en los citados terrenos urbanizables, pese a que ya se ha iniciado la tramitación de algunos de ellos en el ayuntamiento de Palma. «Eso es lo que provoca la inseguridad jurídica», lamenta Carreras.

En este sentido, el presidente de los promotores inmobiliarios de Baleares hace un llamamiento a que, al menos en materia de vivienda, se intente promover un gran acuerdo entre PP y PSIB, al considerar que estas dos formaciones políticas van a ser siempre las que lideren cualquier Gobierno autonómico, sea conservador o progresista.

Lo que Carreras reclama es que sobre las bases de las medidas impulsadas por el actual Govern del PP, se acepten algunas propuestas de los socialistas en esta materia que permitan alcanzar un pacto para que las medidas que se adopten sobre vivienda no registren bandazos cada vez que hay un cambio de color político al frente de las islas.

Postura del Govern

El Govern balear defiende la constitucionalidad de la ley autonómica sobre los planes residenciales estratégicos y subraya como factor clave que el Ejecutivo estatal de Pedro Sánchez no ha advertido de ningún aspecto que pueda vulnerar la Carta Magna, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones. Además, se insiste en que se ha mantenido el respeto a las competencias municipales.

Por ello, expresa su «plena confianza y tranquilidad» ante unas medidas que desde la Conselleria del ramo se afirma que únicamente pretenden agilizar plazos y aumentar la oferta de vivienda asequible para los residentes.

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