Condena al Gobierno de Navarra por contratar psicólogos sin especialidad igual que en Baleares

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Navarra ha anulado la contratación de psicólogos no especialistas para trabajar en Atención Primaria del sistema público de salud, una práctica similar a la que el Govern balear ha puesto en marcha este invierno y que hace dos meses defendió alegando que «otras comunidades también lo hacen». La sentencia, dictada el pasado 3 de noviembre, da la razón a la Sociedad Española de Psicología Clínica (la misma organización que también denunció públicamente la contratación irregular en Balears) y concluye que estas contrataciones vulneran la normativa estatal, aunque el Servicio Navarro de Salud dispone de un plazo de 15 días para recurrir el fallo.

El tribunal considera que los psicólogos con máster en Psicología General Sanitaria no pueden desempeñar funciones incluidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, reservadas legalmente a los especialistas en Psicología Clínica, es decir, a los profesionales con formación PIR. La jueza entiende que, más allá de cómo se definan formalmente los puestos, las tareas asignadas en Atención Primaria (como la evaluación, el abordaje y el seguimiento de problemas de salud mental) coinciden sustancialmente con las propias de un psicólogo clínico y, por tanto, no pueden ser realizadas por profesionales sin esa especialidad.

La sentencia anula la resolución del Gobierno de Navarra que permitió abrir listas de contratación de estos psicólogos no especialistas y subraya que las comunidades autónomas no pueden «empeorar» la legislación básica estatal sustituyendo a los profesionales a los que la ley reserva estas funciones. También impone las costas al Servicio Navarro de Salud.

El fallo llega dos meses después de que la Sociedad Española de Psicología Clínica denunciara que el Govern balear ha contratado a 16 psicólogos sin el título PIR para incorporarlos a centros de salud de las islas.

Entonces, el Ejecutivo autonómico defendió la medida asegurando que no encontraba especialistas disponibles y restó importancia a la polémica argumentando que otras comunidades, como Navarra, estaban aplicando «con éxito» fórmulas similares.

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