La dura situación de una camarera que comparte piso en Palma: "Propietarios mallorquines ganan más de 5.000 euros al mes por alquilar sus viviendas de forma ilegal"

La crisis de la vivienda ha impuesto un nuevo y degradante estándar de vida en Mallorca. La historia de Patricia, una camarera en Palma con un sueldo de 1.350 euros, es un ejemplo de la exclusión residencial que asfixia a la población trabajadora. Ante la imposibilidad de alquilar de forma individual o de acceder a una hipoteca con un solo sueldo, Patricia paga 650 euros mensuales por una habitación y comparte el espacio con otras siete personas en condiciones de hacinamiento: “Cuando llegué, el piso tenía tres habitaciones. Pero con el tiempo, los dueños dividieron la sala de estar en dos, creando espacios muy pequeños”.

Su vivienda, en la zona de Pere Garau, es una muestra de cómo la especulación inmobiliaria se salta la legalidad para maximizar la rentabilidad. Patricia relata que las condiciones son “de vergüenza” por la falta de salubridad e intimidad. Sin un contrato formal, en la vivienda de un matrimonio mallorquín que le entrega un simple albarán, su vulnerabilidad es total: “En el momento que me quieran echar me podrán echar y ya está”. Esta situación de precariedad extrema, donde el empleo con salario mínimo no garantiza un techo digno, es lo que ha llevado a miles de personas a buscar soluciones desesperadas.

La huida hacia la compra compartida

Patricia se ha inscrito en la lista de la promotora Grup Amb Tu, que ya suma 700 personas en la misma situación: individuos solos que buscan un compañero desconocido para comprar un piso de precio limitado a medias. El promotor y experto en derecho inmobiliario, Germán Rocha Bentancur, confirma que esta práctica es un síntoma del colapso: “Prefieren comprar un piso con un desconocido que alquilar un piso o una habitación”.

La idea para Patricia es clara: “Compartir la hipoteca, dividir los gastos y construir un hogar. Mejor entre dos personas”. Esta ruta es vista como la única salida para huir de los alquileres que, como han advertido asociaciones como la PAH, se enfrentarán a subidas inasumibles del 50% al 100% en las renovaciones de 2026. Aunque la compra compartida es legal, Rocha advierte que la promotora está realizando consultas jurídicas para asegurar que si uno de los titulares de la hipoteca no paga, la deuda no recaiga solo en el otro, intentando dejar todo “bien atado en un contrato privado”.

La crisis de Patricia refleja los datos del IX Informe Foessa, que señalan que el 29% de la población balear sufre exclusión residencial y que el empleo ya no actúa como un escudo contra la pobreza. El salario de Patricia es insuficiente para acceder a una hipoteca individual, y mucho menos para afrontar un alquiler cuyo precio medio ya roza los 1.600 euros. Como ella, numerosos mallorquines se ven forzados a fórmulas radicales ante la pasividad institucional, tal y como denuncia Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal (Asociación de Consumidores de Baleares), pues la solución -asegura- "la tiene el Govern y no la quiere aplicar".

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