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Conflicto laboral

Los técnicos con carné C dejan de conducir las nuevas ambulancias desde este lunes en Baleares

Unos 70 profesionales descartan poner su permiso a disposición de la conselleria de Salud si no se les compensa

Acudirán a los tribunales si reciben sanciones por negarse

La nueva flota de ambulancias de transporte programado que se ha incorporado este mes.

La nueva flota de ambulancias de transporte programado que se ha incorporado este mes. / CAIB

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Los técnicos del transporte sanitario programado que disponen del carné C (el de vehículos pesados) han comunicado al GSAIB y el IB-Salut que, a partir de este lunes, 15 de diciembre, dejarán de conducir las nuevas ambulancias incorporadas al servicio al no haber alcanzado un acuerdo sobre sus condiciones laborales. La decisión llega después de más de un mes de negociaciones sin resultado y tras haber concedido una prórroga de quince días para intentar desbloquear el conflicto.

Se trata de unos 70 profesionales de Mallorca y Menorca, la práctica totalidad de los técnicos del servicio que cuentan con este permiso, que consideran que la puesta en marcha de la nueva flota de ambulancias (las de transporte programado, no urgente) supone una modificación sustancial de sus funciones sin compensación económica ni reorganización del trabajo. «No se niegan a trabajar, sino a poner a disposición de la empresa un permiso profesional que no es requisito de su puesto», resume el abogado Rubén Torres, que está asesorando a este colectivo.

El conflicto se remonta a la incorporación, este mes de diciembre, de las nuevas ambulancias del transporte sanitario no urgente. De las 130 unidades que componen la nueva flota, 30 son con camilla, y las 100 restantes son para movilidad reducida. De estas, la conselleria de Salud ha tenido que desmontar 55 para que puedan ser conducidas con el carné B (el de coche) y las 45 restantes superan los 3.500 kilos y, por tanto, requieren el carné C. Sin embargo, los técnicos sostienen que este permiso no forma parte de los requisitos del puesto por el que accedieron al servicio y que su uso ha sido hasta ahora «voluntario y puntual». «Que se haya hecho de manera esporádica no convierte esa función en obligatoria», defiende Torres.

El pasado 5 de noviembre, los trabajadores registraron un primer escrito en el que anunciaban que dejarían de usar su carné C a partir del día 1 de diciembre si no se negociaban mejoras. Posteriormente, y como gesto de «buena voluntad», explica el abogado, ampliaron el plazo hasta el día 15 y mantuvieron más reuniones con la empresa. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, esas reuniones concluyeron sin acuerdos concretos. «La empresa se ha limitado a comprometerse a estudiarlo, pero sin asumir ninguna medida», señala el abogado.

Entre las principales reivindicaciones figura una compensación económica por asumir funciones que consideran de categoría superior, la reorganización de los turnos para evitar agravios comparativos y garantías de que no recaiga siempre sobre los mismos trabajadores la conducción de los vehículos más pesados. También reclaman que los costes de renovación del carné C sean asumidos por la empresa y que se avance en su reclasificación profesional.

En cuanto a la retribución económica, los técnicos reclaman, por un lado, el abono de 1.190 euros por trabajador en concepto de compensación por haber obtenido el carné C con recursos propios, una cifra equivalente al coste que la empresa prevé asumir para formar a los nuevos técnicos. Por otro, solicitan la aplicación de los pluses necesarios para alcanzar el techo salarial de su grupo retributivo, situado en torno a los 27.000 euros anuales, o, en su defecto, el pase a un grupo superior. Según su abogado, estas peticiones suponen una rebaja respecto a las demandas iniciales y buscan «acercar posturas y facilitar un acuerdo».

Los técnicos denuncian además un agravio comparativo con los nuevos empleados, a quienes el GSAIB prevé facilitar la obtención del carné C de forma gratuita. «Muchos de los actuales conductores pagaron ese permiso de su bolsillo y ahora se les exige usarlo sin ninguna contraprestación», recoge el comunicado remitido a la empresa.

En el último escrito, enviado el jueves, los trabajadores advierten de que impugnarán cualquier sanción disciplinaria que pueda imponerse por negarse a conducir estos vehículos. «Si se sanciona, iremos a los tribunales», afirma Torres, que recuerda que hay precedentes recientes en los que la empresa acabó reconociendo que determinadas funciones no correspondían al puesto.

El colectivo también cuestiona el diseño de las nuevas ambulancias, que empezaron a circular el día 10, y asegura que no se ha contado con los técnicos para definir su ergonomía. En sus escritos alertan de dificultades para anclar las sillas de ruedas, problemas de accesibilidad y niveles de ruido demasiado elevados en cabina, además de maniobras mucho más complejas por las dimensiones de los vehículos.

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