La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
El tribunal ha ordenado que se averigüe el paradero de la sospechosa, de origen alemán, y también de su madre
Vista panorámica de una zona rústica situada a las afueras de Artà. / Biel Capó
La Audiencia Provincial de Baleares ha puesto en busca y captura a Mónica T., la dueña de una inmobiliaria de la zona de Sant Llorenç des Cardassar, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles.
La sospechosa, de 54 años y origen alemán, se enfrenta a una solicitud de condena por parte de la fiscalía de seis años de cárcel en dos procedimientos distintos por sendos delitos de estafa. La titular de la empresa Mallorca Sun Dreams SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, se encuentra en situación de rebeldía para la Justicia.
La mujer no compareció ante la Audiencia Provincial en dos vistas orales que estaban señaladas entre noviembre y principios de diciembre. En uno de los casos, también figura como encausada su madre, Waltraud H., para quien el ministerio público pide tres años de prisión por su supuesta implicación en una estafa inmobiliaria. Ni la progenitora ni su hija se presentaron ante el tribunal a primeros de este mes.
Por ello, la Sección Segunda ha acordado la busca y captura de ambas sospechosas. La Sala ha ordenado que se averigüe el paradero de madre e hija. Se sospecha que las dos mujeres se hallan fuera de España. Fuentes cercanas a su entorno no han descartado que puedan encontrarse en Alemania.
Sociedad sin actividad
La inmobiliaria de la que era responsable Mónica T., Mallorca Sun Dreams SL, constituida a principios de 2014, no tiene actividad desde hace años. El cierre provisional de la entidad se comunicó en 2018, según consta en el Registro Mercantil de Baleares.
El procedimiento judicial en el que están acusadas madre e hija se remonta a 2016. Ambas se concertaron con la propietaria de una finca rústica de Artà, según la versión del fiscal, para convencer a una ciudadana extranjera para que pagara 26.500 euros en concepto de arras por la compra de la propiedad sobre la que se había interesado.
Mónica T, siguiendo las indicaciones de su madre y la dueña de la finca, omitió a la perjudicada que la finca rústica que iba a comprar tenía una orden de derribo por una obras ilegales que había realizado su propietaria con anterioridad a la venta, según la acusación pública. Le aseguró que la propiedad estaba libre de cargas y fijó un precio de venta de 265.000 euros.
La clienta, creyendo en la buena fe de las acusadas, firmó un contrato de opción de compra y pagó por transferencia 26.500 euros, el 10% del precio final. El dinero presuntamente se lo repartieron las tres sospechosas.
El otro caso por el que está encausada la responsable de la inmobiliaria ocurrió a mediados de 2014, cuando consiguió que un potencial comprador, de origen germano, le abonara 16.400 euros tras firmar un contrato de opción de compra de un apartamento en Cala Millor. El alemán se quedó sin el piso y sin su dinero, ya que la intermediaria supuestamente no había informado antes a las dueñas del inmueble sobre la venta del mismo, según el fiscal.
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