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Casi un tercio de la población de Baleares sufre exclusión residencial por la crisis de la vivienda: «No fallan las personas, falla el sistema»

Según los datos del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Baleares, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018, mientras que el alquiler medio alcanza ya los 1.598 euros mensuales, un 31% más que en 2019

Los precios de los pisos de alquiler han subido un 9,3% y la vivienda de compra se ha encarecido un 12,1% respecto al año pasado.

Los precios de los pisos de alquiler han subido un 9,3% y la vivienda de compra se ha encarecido un 12,1% respecto al año pasado. / Guillem Bosch

Pere Morell

Pere Morell

Palma

La crisis de la vivienda afecta a toda la población, aunque golpea con especial dureza a jóvenes, personas migrantes y mujeres. Es una realidad dramática de la que muchos permanecen ajenos, pero que puede alcanzarnos en cualquier momento. El IX Informe Foessa sobre la Exclusión y el Desarrollo Social, presentado este miércoles por Cáritas Diocesana Regional de Baleares y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) en Palma, constata una ligera reducción de la exclusión social, pero advierte de que los precios desbocados de la vivienda en el archipiélago impiden traducir esa mejora en un auténtico progreso del bienestar social.

En total, el informe señala que el 19% de la población —más de 233.000 personas— vive en situación de exclusión socialuna cifra prácticamente estancada respecto a 2018. Aunque la exclusión severa se ha reducido un 13%, 94.000 personas continúan atrapadas en situaciones extremas.

Tras las demoledoras estadísticas sobre emancipación juvenil presentadas ayer por el Consell de Joventut de Balears, el informe Foessa tampoco ofrece un panorama más alentador. El estudio identifica la vivienda como el principal motor de la desigualdad en Baleares y el auténtico “cuello de botella” de la integración social.

Según los datos, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018, mientras que el alquiler medio alcanza ya los 1.598 euros mensuales, un 31% más que en 2019. Además, más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.

Las consecuencias son profundas: 46.000 hogares caen por debajo de la pobreza severa tras afrontar alquiler y suministros; 110.000 personas viven en viviendas inseguras y otras 100.000 lo hacen en inmuebles inadecuados o hacinados, con una presión especialmente intensa en Ibiza.

Thomas Ubrich, sociólogo y miembro del equipo de estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa, subraya que no son las personas las que fallan, sino el sistema de protección social: "El crecimiento económico no ha ido acompañado de integración: el mito de que la gente vive de ayudas y prestaciones es falso. La mayoría de hogares trabajan, buscan empleo, estudian y se forman, pero chocan con problemas estructurales".

El estudio se basa en una encuesta realizada a 834 hogares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera —con una muestra total de más de 2.000 personas— y forma parte de una investigación desarrollada por 140 especialistas de 51 universidades y entidades del Tercer Sector.

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