Crece la exclusión social entre las personas con trabajo en Baleares en los últimos seis años: «Se desmonta el mito de que la gente vive de ayudas»

Hace tiempo que tener un trabajo dejó de ser garantía de nada en Baleares. El IX Informe Foessa sobre la Exclusión y el Desarrollo Social, presentado este miércoles por Cáritas Diocesana Regional de Baleares y la Fundación Foessa en Palma, alerta de que el empleo ha dejado de actuar como un verdadero escudo frente a la pobreza. Según el estudio, la exclusión social entre las personas ocupadas ha crecido con fuerza en los últimos seis años, pasando de una de cada diez a casi una de cada siete.

En total, el informe señala que el 19% de la población —más de 233.000 personas— vive en situación de exclusión social, una cifra prácticamente estancada respecto a 2018. Aunque la exclusión severa se ha reducido un 13%, 94.000 personas continúan atrapadas en situaciones extremas.

Thomas Ubrich, sociólogo y miembro del equipo de estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa, subraya que no son las personas las que fallan, sino el sistema de protección social: "El crecimiento económico no ha ido acompañado de integración: el mito de que la gente vive de ayudas y prestaciones es falso. La mayoría de hogares trabajan, buscan empleo, estudian y se forman, pero chocan con problemas estructurales".

La vivienda, eje de la exclusión

Tras las demoledoras estadísticas sobre emancipación juvenil presentadas ayer por el Consell de Joventut de Balears, el informe Foessa tampoco ofrece un panorama más alentador. El estudio identifica la vivienda como el principal motor de la desigualdad en Baleares y el auténtico “cuello de botella” de la integración social.

Según los datos, un 29% de la población sufre exclusión residencial en un contexto marcado por un encarecimiento sostenido del mercado inmobiliario: el precio de la vivienda ha aumentado un 41% desde 2018, mientras que el alquiler medio alcanza ya los 1.598 euros mensuales, un 31% más que en 2019. Además, más del 60% de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda.

Las consecuencias son profundas: 46.000 hogares caen por debajo de la pobreza severa tras afrontar alquiler y suministros; 110.000 personas viven en viviendas inseguras y otras 100.000 lo hacen en inmuebles inadecuados o hacinados, con una presión especialmente intensa en Ibiza.

El empleo ya no garantiza la integración social

A pesar de que Baleares ha generado empleo —pasando de 560.000 a 607.000 personas ocupadas desde 2018— el informe constata que este crecimiento no ha mejorado la integración social. Los salarios han aumentado un 20% en términos nominales, pero solo un 3,3% reales debido al encarecimiento del coste de la vida.

Baleares crea empleo, pero no reduce la exclusión social. La precariedad laboral, la parcialidad involuntaria y los salarios insuficientes impiden que el trabajo funcione como vía de salida de la vulnerabilidad.

El estudio se basa en una encuesta realizada a 834 hogares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera —con una muestra total de más de 2.000 personas— y forma parte de una investigación desarrollada por 140 especialistas de 51 universidades y entidades del Tercer Sector.

Aumenta la precariedad

La comparación con los datos de 2018 muestra un aumento del espacio de la precariedad, que se amplía en 2,5 puntos porcentuales, mientras que las situaciones de exclusión más severa experimentan un ligero descenso de 1,9 puntos. Entre las dimensiones donde la exclusión aparece con mayor fuerza destacan la vivienda, que afecta al 28,9% de la población, y la participación política (28%). Aunque este patrón se repite en España, en Baleares la incidencia es claramente más elevada.

La Renta Social Garantizada (RESOGA) refleja también un debilitamiento notable: su cobertura ha caído del 1% de la población en 2018 al 0,44% en 2024, pasando de unos 11.400 titulares a apenas 5.300. Ante este retroceso, el sociólogo Thomas Ubrich plantea que el Ingreso Mínimo Vital debería emplearse como complemento para reforzar la prestación autonómica.

Las desigualdades se agravan con profundas brechas según origen y edad. La población de nacionalidad extranjera alcanza tasas de exclusión del 31%, más del doble que la española. También los menores y los jóvenes figuran entre los grupos más vulnerables: viven en exclusión el 24% de los menores de 18 años y el 26% de quienes tienen entre 18 y 44 años.

En más de la mitad de los hogares en riesgo de exclusión social viven menores

El informe subraya igualmente la situación de los hogares con menores, que representan dos tercios del total de personas en exclusión. La discriminación aparece como un factor clave: afecta a uno de cada cinco hogares y a casi la mitad de aquellos en exclusión, y el 88% afirma haber perdido oportunidades laborales o sociales por este motivo.

Otro de los puntos críticos del estudio es el escaso acceso al sistema de servicios sociales: en 2024 solo recurrió a ellos el 7% de la población balear, frente al 13% de la media estatal. Incluso entre quienes enfrentan mayores necesidades, la tasa sigue siendo inferior a la del conjunto del país. A esto se suma un grave déficit en la garantía de ingresos: el Ingreso Mínimo Vital únicamente llega al 35% de las personas en pobreza severa, y dos de cada tres hogares en esa situación nunca han recibido información sobre la prestación.

El informe concluye que el modelo social actual está agotado: genera desigualdad, precariedad, aislamiento y una creciente desconfianza. Ante ello, FOESSA reclama un nuevo pacto social que ponga en el centro los cuidados, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Plantea políticas que actúen sobre las raíces de la desigualdad, con especial atención a la vivienda, el empleo digno, la protección social, la integración de la población migrante y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El documento concluye que el "modelo social vigente está agotado", porque produce desigualdad, precariedad, aislamiento y un creciente clima de desconfianza. Por ello, FOESSA propone articular un nuevo pacto social basado en la justicia social y la sostenibilidad ecológica.

El informe subraya que es urgente actuar sobre los factores estructurales que alimentan la desigualdad —la vivienda, la protección social o la integración de la población migrante— para evitar que el archipiélago avance hacia una sociedad "cada vez más fracturada".

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