Revisar el alquiler en 2026 supondrá pagar 4.600 euros más al año en Baleares

Ya hay datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre a cuántos inquilinos afectará la subida del alquiler por la revisión de contratos de 2026. En concreto, calculan que se verán afectados 632.000 en todo el país (lo que afectará a 1,6 millones de personas que viven en los pisos afectados), de los que 24.500 (afectaría a 69.210 personas que residen en estas casas) son de Baleares.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y que ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.

Tal y como se desprende de los datos del ministerio, adelantados por El País, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en el archipiélago balear en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

La renovación que está por llegar en el país presentará un encarecimiento medio de 1.735 euros. En Baleares, la subida será más del doble que la media nacional. En Valencia, por ejemplo, el alza será de 2.700 euros al año. En Canarias, se espera un incremento de 2.267 euros; en Madrid, de 2.042; en Andalucía y Cantabria la subida será de aproximadamente 1.900 euros.

Més advierte de la situación

Por su parte, Més per Mallorca advierte de lo que puede significar esta situación para los ciudadanos de las islas en el pleno celebrado esta mañana en el parlament.

"La renovación del contrato del alquiler a precios de mercado supondrá pagar 4.615 euros por familia. Es una subida inasumible para la gente normal, para la gente de aquí, como a ustedes les gusta decir", subraya el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia en alusión al portavoz del Govern, Antoni Costa. El representante del Govern no se ha referido a esta cuestión en su contrarréplica.

El PSOE, crítico con el Govern

Por su parte, la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, ha denunciado en el pleno del Parlament celebrado esta mañana que el Govern "sólo ha ejercido el derecho de tanteo y retracto en 35 ocasiones, de las más de 520 operaciones en las que ha tenido oportunidad de hacerlo esta legislatura". Se trata de una medida incluida en la Ley de Vivienda de 2018 como una de las formas de incrementar el parque público de vivienda, comprando por parte de la administración pública vivienda ya construida de forma preferente.

Sin embargo, según señalan los socialistas, desde septiembre de 2023 se han ofrecido 520 operaciones de tanteo y retracto. Por territorios, 300 están en Palma, 28 en Menorca y 13 en Eivissa, "pero el Ejecutivo únicamente ha ejercido 35".

Por eso, Garrido se pregunta "cómo puede sacar pecho el Govern de estos datos" cuando el resultado de sus políticas es que "han rechazado que más de 500 familias puedan empezar a vivir en una casa en este momento, mientras tienen más de 10.000 familias en lista de espera en el IBAVI por una vivienda de protección oficial".

Según la diputada socialista, "el PP no cree en la vivienda pública ni en la igualdad de oportunidades, pero sí en favorecer intereses privados". Por ello, ha pedido al conseller de Vivienda, José Luis Mateo, que dé respuesta "a las 24.000 familias que verán incrementado su alquiler entre un 50% y un 70% cuando acabe el año y que tendrán que elegir entre pagar este disparate o irse a la calle".